lrededor de esta fecha, un grupo de obreros militantes del Partido Socialista envía un despacho telegráfico dirigido a sus camaradas de Buenos Aires. En el texto describen algunas manifestaciones de autoritarismo que habían sufrido desde el momento en que fueron embarcados, en su traslado rumbo al presidio de Ushuaia, y la falta de respuesta a su pedido de exilio.
"Madrugada hoy firmantes obreros detenidos orden social, somos embarcados transporte América rumbo Ushuaia, sin aviso familia y sin ropas indispensables. Dejamos telegrama dirigido Poder Ejecutivo ejerciendo derecho opción manifestábamos voluntad abandonar país. Rogamos interponga oficios Ministro Interior objeto ordenen telegráficamente depositarnos primer puerto este objeto. Varios van conducidos precaria salud. salúdanle: Alberto Balbuena, Medardo Gómez, Julio Gimenez, Francisco Maidana, Carmelo Siciliani, Juan E. Membracchio, Gregorio Pablo Rodriguez, José Parrotta, Paulino Márquez, Alberto Maestre, Olegario Garrido, Flavio Acosta".
En virtud de la legislación vigente bajo el régimen del “fraude patriótico”, como se denominó a los gobiernos instalados luego del golpe de estado del 6 de setiembre de 1930, los militantes detenidos podían optar entre la reclusión, donde el Poder Ejecutivo Nacional disponga, o habilitar su residencia en el extranjero. A pesar de lo determinado por las normas aprobadas por el propio régimen, las autoridades no tomaban en cuenta sus propias disposiciones.
Sólo entre marzo y octubre de 1931 fueron enviados a Ushuaia unos noventa militantes de izquierda, provenientes de la cárcel de Villa Devoto y de la isla Martín García, donde muchos de ellos estaban confinados.
Los obreros destinados a Ushuaia debieron soportar arbitrariedades tanto en el viaje de ida como en el regreso. Encerrados y hacinados en las bodegas de los barcos de guerra. Ese estado de vulneración de sus derechos dejaba a las víctimas a merced de la voluntad de los uniformados o las autoridades de turno.
Los militantes de izquierda, sobre todo anarquistas y socialistas, eran considerados por los gobernantes como sujetos que debían ser extirpados de la sociedad. Cuando eran detenidos, se les aplicaban todas las modalidades de escarmiento. Ese trato inhumano lo compartieron por igual tanto el golpista José Félix Uriburu como el electo Agustín P. Justo.
