ste día, un comando militar irrumpe en la casa de la docente Hurí Portela, en Río Gallegos, y la detiene, sin dar razones del accionar.
Portela se desempeñaba como supervisora general de educación desde 1980 y había intervenido para neutralizar las sanciones que los militares habían adoptado contra cinco estudiantes de la Escuela Agropecuaria N°1 de Gobernador Gregores.
La acción del grupo de tareas, integrado por personal de Gendarmería, había sido promovida por el interventor de la Municipalidad de Gregores y de la escuela, comandante Horacio Primitivo Callejas. Este, fue quien propició la expulsión de los alumnos del último año por haber llevado a cabo la ‘Noche del Chancho’, perdiendo los jóvenes la posibilidad de obtener el título.
“La costumbre de matar y comer un chancho formaba parte de la mística de los estudiantes de sexto año que así se despedían de la escuela. Esa noche, 27 de marzo de 1977, Hugo Torres, Alberto López, Juan Carlos Kofalt, Jorge Cobos y Ricardo Vera se encargaron de hacerle honor a la tradición. Lo faenaron a escondidas en un galpón y lo cocinaron en el horno de una vecina del pueblo, que siempre se prestaba para eso”. Cuando el rector descubrió la falta del cerdo, denunció a los jóvenes y ordenó su detención en pleno recreo. Luego fueron trasladados a San Julián donde permanecieron incomunicados durante cinco días y se los imputó de “robo al Estado agravado por tratarse de un material de uso didáctico”. Además del proceso penal que se abrió la escuela los expulsó “para que no pudieran rendir sus exámenes finales y quedaran inhabilitados para obtener el título de Educación Secundaria” (Carina Trivisonno. Maestras Argentinas. Entre mandatos y trasgresiones. Tomo 2. Compiladores: Eduardo Mancini y Mariana Caballero).
Portela había dejado sin efecto la sanción y habilitado la posibilidad de que los alumnos puedan rendir los exámenes para obtener su graduación. Esto no fue del agrado de Callejas y promovió el secuestro de la funcionaria de la cartera educativa. La docente fue llevada a un galpón donde se concentraban otros detenidos. Al cabo de unos días, fue trasladada al despacho del juez federal Pinto Kramer, quien “le leyó la acusación que formulaba el Comando Subzona 54 del Ejército: espionaje en favor de Chile”. Finalmente, luego de soportar torturas, pudo demostrar la falsedad de la acusación y fue reintegrada a su cargo.
