ranscurridos más de 4 años de su sanación legislativo, el Poder Ejecutivo finalmente reglamentó la ley provincial de aguas, que estableció el marco de gestión integral de los recursos hídricos para garantizar el uso racional de las aguas superficiales y subterráneas, evitar su contaminación y el agotamiento de las fuentes.
El decreto 450 fue rubricado por el gobernador Mellela el viernes 26 de febrero, pero recién fue publicado ayer en el Boletín Oficial, unos 30 días hábiles después.
La reglamentación de la mencionada ley resultó casi tan complicada como la aprobación de la misma, ya que a la Legislatura provincial le demandó 17 años alcanzar los consensos políticos necesarios para que Tierra del Fuego pudiera contar con una ley que estableciera un régimen que regule el uso del agua. Desde 1999, año en que fuera presentada la primera iniciativa, fueron presentados 12 proyectos sobre el tema, pero ninguno de ellos -por razones nunca muy bien precisadas- logró convertirse en ley, hasta que el 30 de noviembre de 2016 se aprobó por unanimidad la norma que tiene por finalidad “administrar, regular su obtención, sus permisos, concesiones de uso, explotación, exploración, mejoramiento, preservación en cantidad y calidad, incremento, administrar el uso de causes, obras hidráulicas, las limitaciones al dominio, el interés público y la defensa contra los efectos nocivos de las aguas y el aprovechamiento múltiple y uso efectivo y beneficioso del recurso hídrico”, con lo que se resolvió el vacío normativo que existía respecto del aprovechamiento regulado de este recurso natural, y que convertía a Tierra del Fuego en la única provincia que carecía de una normativa de esas características.
El Poder Ejecutivo promulgó la ley el 21 de diciembre de 2016, pero ello no implicó la efectiva entrada en vigencia del marco regulatorio del uso de los recursos hídricos en Tierra del Fuego, ya que a partir de ese momento comenzó el largo camino que demandó la reglamentación de la ley.
A la anterior gestión gubernamental le demandó casi dos años redactar esa reglamentación. Recién el 16 de diciembre de 2019 se firmó el decreto correspondiente, que fue remitido para su control de legalidad a la Fiscalía de Estado. El organismo de control formuló una serie de observaciones y requirió la modificación del decreto 4488/19 que no fue publicado y por ende no entró en vigencia.
En razón de ello, la actual gestión de Gobierno dio intervención a las áreas técnicas correspondientes a fin de proceder a las modificaciones solicitadas por la Fiscalía de Estado. La Dirección General de Gestión Ambiental emitió el informe correspondiente el 5 de marzo de 2020 y la Dirección General de Recursos Hídricos hizo lo propio el 9 de noviembre de 2020, incorporando las modificaciones solicitadas. Pasaron casi otros 3 meses para que el gobernador Melella y el Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, estamparan sus firmas en el decreto 450/21 y otro mes más para que norma fuera publicada y entrara en vigencia.
En resumidas cuentas, para que la provincia cuente con una ley que administre y regule el recurso hídrico provincial, los permisos y concesiones de uso, la explotación, exploración, mejoramiento, preservación en cantidad y calidad, incremento, administrar el uso de los cauces, obras hidráulicas, las limitaciones al dominio, el interés público y la defensa contra efectos nocivos de las aguas y el aprovechamiento múltiple y uso efectivo y beneficioso del recurso hídrico, debieron transcurrir 21 años.
