tendiendo a un elemental criterio de justicia distributiva, y ponderando que más allá del costo presupuestario o financiero de la medida el beneficio social es inmensamente superior”, el bloque parlamentario del Movimiento Popular Fueguino presentó un proyecto de ley que propone la implementación “de un régimen tarifa cero" para las asociaciones o personas jurídicas sin fines de lucro que se encuentren prestando servicios de interés comunitario en la Provincia “mientras dure la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo 260/2020 y sus complementarios, ratificado en nuestra Provincia por Ley 1336”.
Los autores de la iniciativa sostienen que con la adopción de este beneficio, Tierra del Fuego se pondría “en sintonía con una tendencia normativa de carácter regulatoria, verificada en la órbita federal y en otras jurisdicciones provinciales, tendiente a procurar alivio en la carga por servicios básicos (energía y agua potable)” que deben afrontar la mencionadas entidades.
Refieren que “la importante actualización de las tarifas verificada en el cuatrienio 2015-2019 fue una primera complicación de muy compleja absorción para el grupo de entidades de que se trata; posteriormente, la pandemia de público conocimiento completó la gravedad del cuadro y allí radica el sustrato de las medidas que en análogo sentido al que proponemos, se dictaron” en otras jurisdicciones.
Argumentan que este tipo de personas jurídicas realiza “un aporte social fundamental, beneficiando a cientos o miles de personas humanas con su actividad cotidiana” ya que se trate de “asociaciones de perfil social, deportivo, cultural o religioso, entre otros rubros principales”, por lo que “su esfuerzo no sólo merece, sino que exige dada la complejidad de la hora, ser acompañado o compartido por el Estado”.
Atendiendo a que en la Provincia el servicio de energía eléctrica y agua es brindado por diversas prestatarias, en Ushuaia y Tolhuin por empresas estatales y en Río Grande por el Municipio y una cooperativa, y con el propósito “de lograr una aplicación armoniosa del régimen propuesto, sin que la dependencia jurisdiccional de las prestatarias (provincial o municipal) oficie de limitante en algún sentido para asegurar la extensión del beneficio” se invita a la Municipalidad de Río Grande y la Cooperativa Eléctrica “a disponer exenciones análogas en ambos servicios básicos”.
Podrán acceder al beneficio de tarifa cero “las personas jurídicas sin fines de lucro que se encuentren en situación regular ante la Inspección General de Justicia de la Provincia, con 1 año de antigüedad ininterrumpida en la jurisdicción, cuyo objeto sea de interés social sin fines de lucro, que cuenten con inmueble para funcionar, acreditando mediante instrumento público o privado su propiedad, posesión o tenencia legítima; o simples asociaciones con domicilio social y desarrollo de objeto en el ámbito provincial, que cuenten con un reconocimiento de su finalidad comunitaria expedido por autoridad provincial o municipal” cuyo domicilio estatutario e inscripción para funcionar haya sido tramitado en Provincia, y “las organizaciones religiosas que debidamente inscriptas ante el Registro Nacional de Cultos, cuenten en la Provincia con inmuebles en los que se establezcan templos, casas parroquiales o de retiro, conventos, seminarios u otros establecimientos de uso confesional”.
