l ministro de Finanzas de la Provincia solicitó al Presidente de la Comisión de Economía de la Legislatura suspender la reunión prevista para la tarde del viernes, a la que había sido convocado para informar sobre el estado de la remisión de fondos coparticipables a los Municipios.
La nota fue remitida por Guillermo Fernández pocas horas antes de que debiera concurrir a la Legislatura. En el escrito, el funcionario expone dos argumentos para plantear la postergación del encuentro. El primero de ello “eminentemente operativo” está vinculado con el proceso de cierre de la cuenta de inversión del Ejercicio 2020 “que tiene abocado al personal crítico de las áreas de la Contaduría General y de la Tesorería General en el armado del documento final”, lo que según el ministro “dificulta el procesamiento de la información extra asociada al régimen de coparticipación con la que se requiere contar para incorporar como material de trabajo de la reunión”. A ello agrega que el Subcontador General de la Provincia “cuadro auxiliar de conducción de las tareas del área, se encuentra usufructuando licencia especial por razones personales, dificultando la posibilidad de alternar la atención de las tareas operativas del flujo diario del proceso de las órdenes de pago y los requerimientos extraordinarios como los que demanda nuestro encuentro”.
Pero más allá de estos argumentos operativos, el Ministro de Finanzas agrega que entiende que sería “más fructífero” para el resultado de la reunión a mantener con los Legisladores, que el encuentro se realice luego de concretada “la audiencia ante el Superior Tribunal de Justicia” a la que Gobierno y Municipios fueron convocados para el jueves 27 de mayo, “ello en atención a que los Municipios de las ciudades de Ushuaia y Río Grande priorizaron encauzar sus reclamos por la vía judicial, antes que la institucional legislativa que entendemos más pertinente, sin perjuicio de lo cual, desde este ámbito abrigamos la esperanza de encontrar al amparo de la Justicia un punto de entendimiento y solución definitiva con las Administraciones Municipales que nos conduzca a un acuerdo razonable, equitativo y realista, basado en el diálogo social responsable y el respeto al principio del esfuerzo compartido”.
