a extensa reunión de la comisión de Economía a la que el Ministro de Finanzas fue convocado para aportar la postura del Poder Ejecutivo sobre el reclamo de los municipios la existencia de atrasos y deuda de coparticipación por parte de la Provincia, poco aportó a clarificar la situación que está judicializada en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia.
En un clima, por momentos tensos, el Ministro en su prolongada exposición afirmó que el Gobierno está remesando la coparticipación en los plazos establecidos en la resolución 665/09 y que por ello no existe deuda alguna. Sostuvo que por ello nunca se afectó la autonomía municipal ni se puso en vilo la capacidad de los municipios para hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones, ya sean salariales o con proveedores. Aprovechó para seguirá abonando a la teoría de una maniobra orquestada por los Municipios para intentar perjudicar a la gestión del Gobernador Melella, cuestionó que durante la gestión Bertone el Municipio de Ushuaia nunca hubiera judicializado reclamos por los atrasos que afirmó existían por ese entonces. Además puso en tela de juicio la validez de los convenios de aportes no reintegrables rubricados entre la Provincia y la municipalidad capitalina hace más de 2 años, ya que dijo que no habrían sido ratificados por la Legislatura.
Los dichos Guillermo Fernández motivaron la réplica de la legisladora Victoria Vuoto (PV), que sostuvo que la demora en la remisión de la coparticipación fue reconocida por el Ministro tanto en la audiencia desarrollada en la Justicia como ante los propios parlamentarios. Le reclamó por la reticencia a suministrar a la Legislatura información detallada y documentada sobre fechas de percepción de recursos nacionales, de recaudación propia y regalías, y fecha de remisión de los mismos a las municipalidades, a la vez que acusó al Ministro de formular acusaciones infundadas sobre las razones que motivaron los reclamos de los municipios. Planteó incluso la posibilidad de que el Ejecutivo este utilizando los fondos que debe enviar a los municipios para financiar el déficit de las cuentas de la provincia, que indicó ronda los 900 millones de pesos al mes, y en ese marco justificó que la Legislatura tome un actividad intervención en el tema por estar involucrada la cuestión económica financiera de la Provincia.
La legisladora Myriam Martínez (FPV-PJ) reconvino con dureza al Ministro por plantear ante la Legislatura sus dudas o reparos en cuanto al manejo que los Municipios hacen de sus recursos y le recordó que el control de gestión de los ejecutivos municipales corresponde a los Concejos Deliberantes y no al Parlamento. Le recordó que la controversia por la coparticipación entre Provincia y municipios es de larga data que trasciende a las actuales gestiones.
Fue el mopofista Damián Löffler, en sintonía con lo que había esbozado en varias oportunidades el radical Federico Sciurano, el que planteó con mayor contundencia que hasta tanto no haya resolución del Superior Tribunal de Justicia en el marco de la causa en la que se analiza el incumplimiento o no de los plazos fijados en la Resolución 665/09 poco puede hacer la Legislatura. Dijo que recién después de que ello ocurra, y en función del resultado de la demanda, puede abrirse una instancia de discusión parlamentaria. Dejó en claro que a su entender la controversia se ciñe a una cuestión de interpretación técnica de una norma que se politizado, y apostó a pueda superarse a través del diálogo político entre el Gobernador y los Intendentes. Incluso se comprometió a pedirle a Gustavo Melella que convoque rápidamente a una reunión a los Intendentes, y a solicitarle a los Intendentes que participen de ese encuentro.
La postura del mopofista fue compartida por el justicialista Federico Bilota y por legisladores del oficialismo, ya que resultó evidente que había postura muy claras en cada bancada respecto de quiénes creían en la postura del Gobierno y quienes en la de los Municipios.
