El robo de un celular lleva un proceso de 7 años y aún no se resuelve
INSOLITO CASO JUDICIAL

El robo de un celular lleva un proceso de 7 años y aún no se resuelve

En Río Grande el robo de un celular ocurrido en 2014 todavía no se resuelve. El año pasado se había dictado el sobreseimiento del acusado beneficiado porque no fue juzgado dentro de un plazo razonable, pero el Superior Tribunal de Justicia revocó esa sentencia y ordenó realizar el juicio oral y público que todavía no tiene fecha.
08/11/2021
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n insólito caso judicial tiene lugar en Río Grande: El robo de un celular a una joven, para lo cual el delincuente utilizó una navaja para amenazarla, lleva ya más de siete años de proceso y todavía no termina, porque una sentencia que sobreseyó al imputado fue recurrida ante el Superior Tribunal, el cual hizo lugar al recurso y ordenó constituir un nuevo Tribunal de Juicio para que se realice el debate oral y público.
Con fecha 14 de julio de 2020, planteado el interrogante de si en este proceso se había violado el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, el Tribunal de Juicio en lo Criminal, resolvió sobreseer a Fernando Nicolás Camos tras considerar, esencialmente, la regla de oro según la cual cuando por el tiempo transcurrido resulta innecesario como fin preventivo la aplicación de una pena, el imputado debe ser absuelto.
Frente a lo que resolvió el Tribunal de Juicio, el fiscal Jorge López Oribe interpuso un recurso de casación que llegó a entendimiento de los jueces jueces Ernesto Löffler, Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y Javier Darío Muchnik; que el 30 de septiembre pasado hicieron lugar al recurso de casación y dejaron sin efecto el sobreseimiento resuelto.
En su voto, el juez Ernesto Löffler dijo que “tras evaluar globalmente el proceso en la totalidad de los transcurrido, no se evidencian en el mismo momentos muertos, retardos injustificados o desfasajes temporales o desmedidos, atribuibles a la actuación del órgano judicial. Antes bien, podría afirmarse que la falta de una actitud diligente por parte del inculpado Fernando Nicolás Camos, ha concitado una situación que ha contribuido de manera abusiva a que se declare que el proceso se ha excedido desmedidamente en ciertos segmentos procesales sin ninguna justificación”.

Fechas de un largo proceso

Para entender el desarrollo de este largo proceso, de la sentencia de la Corte se deducen algunos pasos procesales.
El robo del celular tuvo lugar el 22 de abril de 2014, a las 8:30 aproximadamente, en la intersección de Fagnano y Obligado, cuando Fernando Nicolás Camos abordó a dos jóvenes que caminaban y exhibiendo una navaja solicitó a una de ellas que le entregue su teléfono celular, para luego darse a la fuga. Dos días mas tarde la víctima se comunicó con el delincuente y le pidió que le devolviera el celular, a lo que recibió como respuesta que se lo restituiría siempre que retirara la denuncia.
El 30 de abril, el imputado Camos, a través de su abogado, solicitó que se derivarán las actuaciones al Centro de Mediación (CEDEME), con el propósito de poder arribar a un acuerdo extrajudicial y de esa manera dar por concluido el conflicto. Abierto el proceso, recién el 9 de octubre de 2015 se citó al imputado para ser indagado, pero éste no concurrió y ante la negativa a presentarse, el 9 de noviembre de ese mismo año se solicitó el pedido de paradero, pero esa medida arrojó resultados negativos.
Casi dos años más tarde, el 11 de octubre de 2017, la fiscal Laura Urquiza se hizo cargo de la causa y el 27 de ese mismo mes y año solicitó el paradero de Camos y que sea citado a indagatoria, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su inmediata detención. El 3 de noviembre fue localizado el imputado, a través de una notificación que hizo su abogado.
El 23 de febrero de 2018 fue establecida la fecha de indagatoria, pero el abogado solicitó la suspensión de la misma y pidió que sea reprogramada. Recién el 23 de marzo compareció Camos, se abstuvo de declarar y pidió que el caso sea resuelto por el CEDEME.
El 6 de abril de 2018 la fiscal Urquiza no prestó conformidad a la intervención de la mediación porque el delito que se le imputa a Camos encuadra en el de robo con el uso de arma que tiene una escala penal cuyo mínimo es de 5 años de prisión, elevándose su máximo a quince años. De esta forma, el 12 de abril el imputado fue citado nuevamente a indagatoria pero resultó negativa.
El 28 de febrero de 2020, transcurrido un año, 10 meses y 16 días; sobre cumplido los cuatro meses a contar de la última indagatoria; el juez corrió vista al fiscal para proceder a elevar la causa a juicio, lo cual se materializó recién el 2 de junio de 2020, tras el pedido de una prórroga que solicitó López Oribe.

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