El presupuesto sancionado tendrá más control parlamentario
Legislatura

El presupuesto sancionado tendrá más control parlamentario

La norma presupuestaria aprobada por unanimidad contempla un déficit de 21.500 millones de pesos, la autorización para emitir Letras del Tesoro por hasta 3 mil millones y para contraer créditos por hasta el 25% del total de los recursos ordinarios del estado provincial. La Legislatura incorporó un artículo que obliga a los 30 días del cierre de cada trimestre se le informe detalladamente sobre la situación de las cuentas públicas.
23/12/2021
L

a Legislatura aprobó por unanimidad, pero con algunas modificaciones, el proyecto de ley de presupuesto provincial para el ejercicio 2020 que le fuera remitido por el Poder Ejecutivo el pasado 19 de noviembre.
La norma sancionada al final de la última sesión ordinaria del año, realizada el pasado lunes 20, fija en 110.258 millones de pesos el cálculo de ingresos y en 131.789 millones de pesos el de gastos, lo que arroja un déficit estimado para el año entrante del orden de los 21.500 millones de pesos. Para cubrir ese desfasaje se autorizó al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público, hasta el máximo previsto en el artículo N° 70 de la constitución provincial (no más del 25% del total de los recursos ordinarios previstos), con un plazo mínimo de amortización de 12 meses, y a emitir hasta 3 mil millones de peso en Letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, que deberán ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emiten, ya que en caso contrario se transformarán en deuda pública. Además se lo habilitó a realizar las desafectaciones y disposiciones de los fondos específicos creados por leyes provinciales, a excepción de los destinados al financiamiento de servicios sociales, del sistema previsional, Bomberos Voluntarios y becas académicas.
Teniendo en cuenta la desaparición del Programa Progreso se convalidó la pretensión del Ejecutivo de crear el “Fondo de asistencia y fomento al sector cooperativo” con un monto mínimo de 50 millones de pesos.
El abordaje en sesión del proyecto resultó rápido y no generó debate alguno, producto de que casi hasta último momento se le introdujeron algunos cambios por parte de los parlamentarios.
Entre las modificaciones introducidas figuran la eliminación del artículo mediante el que el Ejecutivo pretendía contar con autorización para disponer la cesión de activos a favor de uno o más fideicomisos para la adecuación de los recursos obtenidos por la colocación del bono TFU27 (200 millones de dólares) con el objeto de financiar la ejecución de obras de infraestructura empleando otras fuentes y mecanismos de financiamiento, y la introducción de nuevo artículo que establece que el Poder Ejecutivo, demás Poderes, órganos de control organismos autárquicos, descentralizados y de la seguridad social, y sociedades del estado contarán con un plazo improrrogable de 30 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre, para informar a la Legislatura el estado de ejecución del presupuesto, por rubros y Gastos , a nivel de finalidad y objeto por jurisdicción y total, situación de la tesorería y obligaciones a cargo del tesoro, stock de deuda financiera y consolidada, y vacantes de personal producidas y cubiertas.
Se estableció también un mecanismo de limitación y control legislativo para la cobertura de vacantes de personal. En el ámbito del Poder Ejecutivo se lo habilitó a incorporar nuevos cargos presupuestarios en Salud, Educación y Seguridad, pero previa autorización legislativa. En tanto, en los organismos autárquicos y descentralizados únicamente podrá ser designado nuevo personal cuando medien razones debidamente fundadas y la incorporación sea expresamente autorizada por la Legislatura, que contará con un plazo de 30 días para expedirse. Si operado ese lapso no lo hiciera se tendrá consentida la autorización. Además se determina que las designaciones realizadas que violenten ese mecanismo serán consideradas nulas, y los costos devenidos de ello deberán ser afrontados patrimonialmente por el o los funcionarios responsables.
Se incorporó también un monto de 124,6 millones de pesos para que el Ejecutivo de cumplimiento a la expropiación de tierras ubicadas en la Margen Sur de Río Grande, que fuera autorizada a fines de 2019 por la ley 1287.
Además, se autorizó a que el Instituto Fueguino de Turismo pueda utilizar los fondos excedentes, destinados inicialmente a la asistencia de las empresas y profesionales del sector afectados por la pandemia, a financiar actividades de difusión del destino y sponsoreo de actividades que promuevan la inversión en infraestructura turística nueva, complementaria o en desarrollo.
Si bien en las jornadas previas a la sesión del pasado lunes había circulado la versión de que los Legisladores, atendiendo a la complicada situación económico-financiera de la Obra Social dispondrían un aumento en el porcentaje del aporte personal, ello finalmente no ocurrió. En su lugar establecieron, dentro de la ley de presupuesto, que los fondos que la OSEF obtenga por el plan de pagos de deuda por la prestaciones dadas a los beneficiarios de las pensiones RUPE con el Poder Ejecutivo, deberán ser destinados sin excepción al pago de deudas pasadas y presentes con los hospitales públicos provinciales.

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