orría el mes de septiembre de 2020 y en Tierra del Fuego, como el resto del país, regía el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto en el marco de la pandemia COVID-19 para tratar de reducir al máximo posible la circulación del virus SarsCov-2.
En mayo de aquél año el Bloque Legislativo del Partido Verde presentaba un proyecto de ley a fin de institucionalizar el funcionamiento de un organismo que permitiera al Estado “coordinar acciones para evitar superposiciones y maximizar los recursos existentes “en pos de del interés superior del niño, como también de los derechos de las personas vulnerables (como mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, personas trans) víctimas de violencia de género y familiar”.
La iniciativa fue abordada el 25 de septiembre y resultó aprobada por el voto unánime de los 14 legisladores que participaron de esa sesión presencial-virtual.
La Legisladora Victoria Vuoto, una de las autoras del proyecto, señalaba en esa oportunidad la importancia y necesidad de que la Provincia contará con un “Consejo de Actuación Interinstitucional de Emergencia (CAIE) en el marco de la pandemia del covid-19 de articulación de acciones para atención de violencia hacia las mujeres en razón del género, violencia familiar y maltrato infanto-juvenil” argumentando que “en nuestro país una mujer cada 30 horas pierde la vida producto de los femicidios. Esos femicidios en un 83% son cometidos por personas cercanas, a la víctima. Que son parte de su vínculo o de su grupo familiar, pareja o ex pareja”. Si bien reconocía que “esa realidad también la atravesamos en la provincia de manera previa a la pandemia” ya que de acuerdo a un relevamiento realizado a fines de 2019 en la Provincia indicaba que “el 46,4% de las mujeres habían sufrido más de un tipo de violencia en sus vidas”, señalba que “esa situación de gravedad se vio de alguna manera reforzada por la pandemia” y por la vigencia del ASPO. “De hecho, los números oficiales dan cuenta de un incremento de las situaciones de violencia doméstica hacia las mujeres, y en la Fiscalía solo de Ushuaia se han recibido 300 denuncias durante el asilamiento e incluso 44 denuncias por abuso sexual infantil”, señaló, y sostuvo que ello respondió a que “la situación de aislamiento nos encontró con redes de articulación muy débiles”. Y recordó que durante el tratamiento en comisión “escuchamos a las tres secretarias de los municipios de Ushuaia, de Río grande y a la secretaria de Gobierno de Tolhuin, a las autoridades de la provincia a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a la Subsecretaría de Género del Ejecutivo de la provincia, la Subsecretaría de Diversidad, también se hizo presente el Poder Judicial a través de los representantes de la Dirección de Atención Temprana y las Defensorías Mayores de los dos distritos Judiciales y la Universidad Nacional Tierra del Fuego” y que todas esas instituciones reconocieron que si bien esas redes de articulación existen coincidieron que en “el contexto de aislamiento, claramente un órgano como el que hoy se propone va a jerarquizar esa articulación. Incluso la subsecretaria de Género dijo que distinto hubiera sido si el aislamiento nos hubiera encontrado con un ámbito como este (…) para poder cumplir la obligación de disponer todos los mecanismos que tenemos al alcance, de la manera más eficaz para asegurar una atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia, pero también a los niños y a las niñas, a las personas adultas mayores y personas con discapacidad”.
Apenas 17 días hábiles le tomó al Poder Ejecutivo promulgar la ley, pero le demandó 22 meses dictar la reglamentación correspondiente, más allá que en el decreto 2042/22 se sostiene “que en nuestra sociedad la violencia hacia la mujer en razón del género, la violencia familiar; el maltrato y abuso de niñas, niños y adolescentes, como también de personas trans y otras diversidades, adultas mayores y con discapacidad, es un flagelo desde antaño y un desafío para los gobiernos que se afincan en el respeto a los Derechos Humanos”.
A partir del dictado de la referida reglamentación, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos cuenta con un plazo de 90 días más para “instrumentar las medidas conducentes para articular, con otras áreas, los lineamientos y estrategias necesarias para que el CAIE pueda dar cumplimiento” a sus objetivos, que no son otros que “brindar pautas de actuación interinstitucional e interdisciplinarias para la prevención, atención y contención de casos de violencia hacia la mujer en razón del género, de violencia familiar, de maltrato y abuso de niñas, niños y adolescentes, como también de personas trans y otras diversidades, adultas mayores y con discapacidad. Ello en el marco de la pandemia y post- pandemia, para lograr una intervención adecuada, rápida y eficaz orientada a la protección integral de las víctimas, maximizando los recursos existentes y evitando una superposición y desgaste de acciones”.
