l Comité de evaluación de seguimiento y aplicación de la convención contra la tortura llevó a cabo esta semana una reunión en Río Grande, donde además se evaluó la situación carcelaria de la provincia, y las distintas alternativas a futuro para remediar eventuales falencias.
El legislador Pablo Villegas (MPF), preside el comité que se reunió este lunes, y a ese respecto brindó información sobre este mecanismo local cuya tarea central es la de accionar en favor de la concientización y prevención para personas en situación de encierro, tanto sea por la comisión de un delito penal, menores en conflicto con la ley penal o incluso personas privadas de su libertad por razones de salud mental o adultos mayores alojados en alguna institución geriátrica.
Villegas relató que se procedió a la aprobación del reglamento interno del órgano, y se compartieron detalles de un convenio de cooperación suscripto días atrás en Buenos Aires con autoridades del Comité nacional de prevención de la tortura, y de unas jornadas en el Congreso de la Nación sobre lugares de encierro provisorio.
Asimismo, los miembros del Comité provincial visitaron protocolarmente al director del establecimiento carcelario de Río Grande, junto al director del Servicio Penitenciario Provincial.
“La idea es poner en la agenda pública esta temática tan particular y compleja, necesaria porque la defensa de Derechos Humanos le corresponde a todas las personas” definió Villegas respecto de los objetivos que se persiguen.
En cuanto a la situación carcelaria comprobada, el legislador confirmó que se requirió información objetiva y dura a las autoridades del Servicio Penitenciario “de cantidad de internos, perfiles criminológicos, cómo se encuentran distribuidos, penas que tienen impuestas, porcentaje de personas privadas de libertad sólo con prisión preventiva” según su enumeración.
Anunció asimismo inspecciones a las unidades carcelarias próximamente tanto en Río Grande como en Ushuaia. De todo lo recabado, el Comité debe presentar un informe anual para poner en conocimiento de la población, de la prensa y de las autoridades del Poder Ejecutivo y del Judicial acerca de “las condiciones de las personas en encierro. Particularmente en lo que es el servicio penitenciario, está a la vista de todos, la grave limitación que se tiene en materia de infraestructura edilicia en Tierra del Fuego”.
Respecto de Río Grande, advirtió que hay “necesidades de construcción de un nuevo pabellón en la unidad carcelaria. Al respecto, las autoridades informaron que existe la posibilidad, dado el lugar donde se encuentra emplazada la cárcel, de construir un nuevo pabellón” que no debería tener condiciones de máxima seguridad, por los perfiles criminológicos de muchos de los internos.
En cambio, en Ushuaia alertó que en materia carcelaria “estamos mucho más complicados”. Villegas reveló “una situación de hacinamiento muy grave que se viene reiterando en el tiempo. Tenemos que poner en la agenda pública la necesidad que se afecten recursos públicos para satisfacer esta situación, por cuanto la provincia tiene responsabilidades a nivel internacional en la materia”.
Puso en el mismo nivel de necesidades a solucionar que “tanto los internos como los miembros del servicio penitenciario que trabajan se merecen trabajar y estar alojados en condiciones dignas mínimas, algo que no está ocurriendo en Ushuaia”. Así, advirtió que “tenemos internos que están sobre un colchón, en una situación de hacinamiento y que es un caldo de cultivo para posibles situaciones conflictivas que hay que tratar de evitar en extremo”.
“¿Hombre o mujer? es relativo”
En otro orden, Pablo Villegas, como miembro del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Legislativo, fue consultado sobre el demorado proceso de designación de un miembro del Superior Tribunal de Justicia.
El consejero relativizó la premisa de promover la paridad de género en tan alta jerarquía judicial: “Debería ser una mujer o un hombre, es relativo desde mi punto de vista” adelanto Villegas su postura al respecto. En cambio, dijo que ante la elección de un miembro del STJ “no veo si es mujer u hombre, sino que sea una persona idónea, capaz, con recorrido institucional serio”. En lo personal, solo tendrá en cuenta características como “que conozca nuestra realidad provincial, que conozca nuestro sistema judicial de características distintas a las de otra provincia, que tenga conocimiento acabado de nuestra idiosincrasia, nuestra escala de valores y forma de ser”.
Informó que el proceso está abierto luego del llamado a concurso y la presentación de varios candidatos: “Seguramente de acá a fin de año se adoptará una decisión de requerir exámenes, entrevistas, o en todo caso si no se amerita esa decisión, se lo declarará desierto” anunció.
Entendiendo que el Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional “integrado por distintos actores” justificó la falta de avances en el nombramiento en el hecho de que “si no tenés un piso mínimo de consenso, no se avanza con los procesos”.
Consultado sobre la pérdida de ese consenso que ante el último nombramiento del juez Ernesto Löffler era más que ostensible, Villegas lo adjudicó a “circunstancias de los procesos de elección de jueces, que a veces resulta más complejo y a veces es mucho más expeditivo. Todo depende de quienes integran el Consejo de la Magistratura y de los postulantes”, apreció finalmente.
