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ajo el argumento de “contribuir al ordenamiento de las cuentas públicas” nacionales, la totalidad de los diputados nacionales de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley para “terminar con uno de los gastos tributarios más grandes mediante la implementación de un esquema de eliminación gradual de los beneficios impositivos contemplados en el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego”.
La iniciativa de la bancada que integra el bloque opositor de Juntos por el Cambio propone “la rebaja de aranceles y la eliminación impuestos y trabas de importación aplicables a productos electrónicos” hasta su total eliminación en un plazo de 4 años, de modo de eliminar el diferencial del que actualmente gozan “los productos elaborados en el marco del régimen promocional de Tierra de Fuego, a los fines de asegurar el mercado interno a las empresas adheridas”. Actualmente, la producción electrónica fueguina tributa un 6,55% de Impuestos Internos contra el 17% de los productos importados. Aun cuando las experiencias previas no avalen el supuesto, como sucedió en 2017 con las computadoras, aseveran que de esa manera se producirá “una reducción del precio final de tales productos, así como una actualización y ampliación de la oferta disponible de dichos productos en nuestro país”.
Pero, además, el proyecto “prevé la derogación del Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego y la eliminación gradual de los beneficios que les permitirá a las empresas converger a la normalización de su carga fiscal en un lapso de cuatro años”. Durante el primer año “los sujetos adheridos al Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego” pagarán el 25% de las obligaciones fiscales alcanzadas por el Régimen; a partir del segundo año el 50%; el 75% durante el tercer año y el 100% a partir del cuarto año.
Los autores sostienen que de esta manera se alcanzaran dos objetivos. Por un lado, “la eliminación de los gastos tributarios que son inaceptablemente acumulados por un puñado de empresarios, a costa de las cuentas fiscales de la Nación y, por el otro, un aumento de la oferta y baja de los precios de los productos electrónicos en beneficio de todos los consumidores argentinos” y que para poder cumplir con esos objetivos “es preciso avanzar tanto con la eliminación del régimen de promoción como con la apertura comercial al mundo”.
Dentro del planteo de derogación de “la Ley 19.640 de Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego” incorporan “sus sucesivas prórrogas, así como los Decretos 725/2021 y 727/2021”; por lo que instruyen al “Ministerio de Desarrollo Productivo, en su carácter de fiduciante del contrato de fideicomiso que conforma el “Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina -FAMP-Fueguina”” a revocar dicho contrato de fideicomiso y liquidar su activo.
Fondo de desempleo
Previendo “las contingencias que podrían derivarse de las medidas que se proponen” en materia de pérdida de empleo industrial en Tierra del Fuego, impulsan la creación de una asignación específica dirigida a “garantizar el 80% de los ingresos de los trabajadores que fueran desafectados”, que será “ajustable por UVA” y estará “a cargo del Tesoro Nacional y financiada con rentas generales” por un plazo de hasta 5 años.
Sostienen que en la actualidad las empresas amparadas en la 19.640 emplean “a casi 11.000 trabajadores que perciben en promedio un salario bruto de aproximadamente 270.000 pesos. Eso significa que la masa salarial bruta anual generada asciende a 39.000 millones de pesos” y que ese monto comparado con los 290.309 millones de pesos de gasto tributario que demandará el sostenimiento del régimen durante 2022, representa “solo un 13% del gasto tributario. En consecuencia, con menos del 20% del gasto tributario que conlleva el régimen promocional, es posible sostener todo el costo que implicará la asignación que proponemos y que permitirá garantizarle los ingresos a todos aquellos que actualmente trabajan en el marco del régimen promocional, quedando el restante 80% del gasto tributario dirigido al ahorro para las arcas del Estado y la reducción del déficit fiscal”.

¿Qué se pretende derogar?

Si bien resulta evidente que este proyecto, tal lo reconocen los diputados de la Coalición Cívica, “surge de la información contenida” en la separata que el Ministerio de Economía de Nación adjunto al proyecto de presupuesto 2023 para imponer al Congreso sobre “el enorme costo fiscal de los gastos tributarios derivados de las exenciones o reducciones impositivas y de los regímenes de promoción que alcanzarían el 2,49% del PIB en el 2023”, entre los cuales se precisa que el que “implica un mayor gasto tributario es el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego creado en el año 1972 por la Ley 19.640 y que desde entonces ha sido prorrogado en numerosas oportunidades”, con unos 520 mil millones de pesos (0,35% del PBI), no queda muy claro que es lo que busca derogar la Coalición Cívica.
Por desconocimiento, o vaya a saberse porqué, por el artículo 8° del proyecto se deroga “la Ley 19.640 de Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego y sus sucesivas prórrogas, así como los Decretos 725/2021 y 727/2021”, cuando la ley 19.640, de mayo de 1977, “eximió del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o por bienes existentes en dicho Territorio, a las personas de existencia visible; las sucesiones indivisas y las personas de existencia ideal”. Además constituyó “en área aduanera especial al territorio nacional constituido por la Isla Grande de la Tierra del Fuego, comprendido en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud” y estableció una serie de beneficios y condiciones para los procesos productivos “en base o con intervención de mercaderías no originarias” en el área aduanera especial.
Es decir, no existe una ley de Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego. En todo caso podría entenderse que el artículo 24 de la ley 19.640 es el que da marco a lo que popularmente se conoce como subrégimen industrial de la 19.640. Por lo que si se pretende es dejar sin efecto es el “subrégimen” alcanzaría con derogar el referido artículo 24. Ahora, si el objetivo final es voltear la eximición “del pago de todo impuesto nacional” que beneficia a todos quienes habitamos la Provincia, se entiende el planteo de deroga la ley 19.640.