ste día, se difunde un informe que revela que, al menos, 62 curas de la República Argentina fueron denunciados por incurrir en abuso sexual a menores, de los cuales, dos pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, se trata de los sacerdotes Cristian Vázquez y Daniel Omar Acevedo.
Vázquez fue denunciado en Río Grande, “por el supuesto abuso de una menor de 12 años de edad, a quien conocía por una relación personal que el párroco mantenía con la madre de la niña” (portal Infofueguina).
El hecho habría ocurrido en enero de 2013. “Según explicó la querella en su momento, el religioso se enteró que la niña estaba buscando alguna tarea para generarse un ingreso, y por ese motivo, la llamó para realizar tareas de limpieza, circunstancia en la cual se habría dado el abuso”.
En el caso de Acevedo: “El 12 de marzo pasado (2017), el obispado de Río Gallegos comunicó que la Congregación para la Doctrina de la Fe, con sede en el Vaticano, autorizó a Monseñor Miguel Ángel D'Annibale a celebrar un Proceso Administrativo Penal contra el sacerdote fueguino, denunciado en mayo de 2016 por haber abusado sexualmente de un menor” en la ciudad de Ushuaia.
En noviembre de ese mismo año, “el joven presuntamente abusado presentó la misma denuncia en la Comisaría de Familia y Minoridad de la ciudad de Ushuaia, la cual sigue su curso en el ámbito de la justicia penal. Desde entonces, el sacerdote Acevedo continúa con la medida cautelar de no ejercer el ministerio sacerdotal, mientras se desarrollan los procesos canónicos eclesiásticos y de la justicia penal”.
El informe, publicado por la agencia Telam, consideró que todo lo acontecido y las repercusiones mediáticas que tuvo el caso del cura Julio César Grassi y la Fundación Felices los Niños, ocurrido en 2002, potenciaron las denuncias, que “se fueron incrementando año tras año, hasta llegar a una cifra más que alarmante. Tal es así, que de los 62 identificados, 59 son sacerdotes y tres monjas”, de distintas localidades del país.
"La Iglesia no los denuncia, son las víctimas las que se animan a contar lo que les pasó y para ellas es un proceso muy doloroso. Estos números muestran la arbitrariedad del juicio canónico, porque salvo en casos que son indefendibles o han tenido mucha trascendencia pública, la expulsión no se concreta", explicó a Télam Carlos Lombardi, especialista en derecho canónico.
