os legisladores aprobarán hoy la ley que regulará y reglamentará la acción de amparo en la provincia en los términos previstos en el artículo 43 de la Constitución Nacional, tras la reforma de 1994, para reemplazar y dejar sin efecto en la Tierra del Fuego la vigencia de “la antigua y obsoleta ley nacional de amparo, sancionada en 1966”.
Además, darán el visto bueno a una nueva reforma a la ley orgánica del Poder Judicial para crear la Secretaría de Política Institucional de Acceso a la Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia, con lo que la Corte provincial contará con 7 secretarías.
También resultarán modificas las leyes de creación del Area Protegida Península Mitre (ANPPM) y de la Defensoría de los derechos de ñinas, niños y adolescentes, para ampliar de 2 a 3 el números de representantes de la Legislatura en la Comisión Consultiva de participación para la Gestión del ANPPM, y de también de 2 a 3 los representantes del Parlamento en la integración del Tribunal encargado de la selección de postulantes a la cargo de Defensor y Defensores Adjuntos.
Durante la primera sesión ordinaria del año, convocada para las 10:00 de hoy, los parlamentarios abordarán un orden del día integrado por 150 asuntos, la mayoría de los cuales son Resoluciones de Presidencia que deben ser ratificadas por los Legisladores; declaraciones de intereses provincial y ratificaciones de convenios suscriptos por la Provincia con diversos organismos nacionales.
Memorándum de entendimiento
En el marco del encuentro legislativo tomará estado parlamentario, y será girado a la Comisión de Legislación General, el momerándum de entendimiento que el 16 de agosto del año pasado firmara la Provincia con la empresa china Shaanxi Chemical Industry Group Co. Ltd.
Este memorándum fue ratificado por el Gobernador el 7 de diciembre el 7de diciembre, y ahora el decreto 3312/22 fue elevado para su ratificación a la Legislatura.
En el referido memorándum la firma China propone concretar en la Provincia una inversión der 1.250 millones de dólares para “la construcción de un proyecto con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato, más la construcción de una terminal portuaria multipropósito con recinto interno (que permita el amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas) y una central eléctrica de 100 MW”. Pero como paso previo las partes se comprometen “a resolver adecuadamente los problemas remanentes de la inversión original con el fin de desarrollar nuevos proyectos”. Esto refiere a la demanda que ante el Superior Tribunal de Justicia inició la empresa Tierra del Fuego Energía y Química, cuya principal accionista es Shaanxi Chemical Industry Group, contra la Provincia cuestionando la validez del decreto 1426/16, mediante el que la por entonces gobernadora Bertone rescindó “por culpa de la firma Tierra del Fuego Energía y Química S.A (TEQSA)” el contrato de suministro de Gas de Regalías, que había sido firmado en septiembre de 2010 durante la gestión de la gobernadora Ríos, por el cual la empresa le había pagado a la provincia 30 millones dólares.
