El Consejo de la Magistratura resolvió la suspensión del Juez Daniel Cesari Hernandez, titular del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Grande; luego que el Fiscal Acusador diera curso a la denuncia por “mala conducta e inhabilidad moral” y solicitará a los integrantes de ese órgano judicial el inicio de las actuaciones para el inicio de un jury de enjuiciamiento.
El Fiscal Acusador, ejercido por el representante de los Abogados de Río Grande, Dr. Abdo González Saber, acusó al juez Daniel Mario Cesari Hernández por mala conducta e inhabilidad moral, al cometer maltrato tanto a presuntas víctimas como a empleados judiciales y funcionarios, peritos y policías.
En otra parte de su escrito, acusa al Magistrado de morosidad y negligencia reiterada en el cumplimiento de sus funciones, al cometer acumulación de causas y demoras en el proveimiento, como consecuencia de la ineficiente organización laboral que implementó.
Asimismo, le imputa mala conducta y/o inhabilidad moral sobreviniente al pretender modificar conclusiones periciales; todo ello de acuerdo a las declaraciones testimoniales y pruebas que están volcadas en la causa penal que se le inició.
Por todas estas razones, el Fiscal Acusador solicitó la suspensión del magistrado en su cargo, a lo que el Consejo hizo lugar, mientras se desarrolla el proceso establecido en la Ley Provincial 525, referido al “Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público del Poder Judicial”.
La situación del Juez Cesari Hernández comenzó a complicarse en marzo, luego que la Unión Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), hiciera una protesta frente a las oficinas del Juzgado de Instrucción N°1 para visibilizar las denuncias por “violencia y acoso laboral”, contra Cesari Hernández.
Los reclamos rápidamente hicieron eco, por lo que desde el propio Superior Tribunal de Justicia se dispuso llevar adelante una investigación, la cual derivó en que la jueza Cecilia Cataldo (a cargo de la investigación), resolviera notificar de Derechos y Garantías Procesales al magistrado Cesari Hernández al imputarlo de los delitos que se atribuían.
Ante esta situación, también se dio intervención al Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la designación y remoción de funcionarios y magistrados.
