n base a denuncias que fueron formuladas por integrantes de la Unión Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) y de personal perteneciente a la Policía de la Provincia, el doctor Pablo Bramati formuló el requerimiento de acusación fiscal contra el juez de Instrucción Daniel Cesari Hernández, en orden a la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
En función de ello, el jueves de la semana pasada se inició una causa penal que tramita la jueza Cecilia Cataldo. Una de las primeras medidas que adoptó la Jueza fue la de imponer el secreto de sumario por un plazo de diez días, mientras se comienza con la recepción de testimonio de empleados del Juzgado de Instrucción a cargo de Cesari Hernández, sobre el comportamiento de éste, a raíz de las denuncias por acoso y violencia laboral.
Uno de los elementos graves que tuvo en cuenta el Fiscal Bramatí para redactar el requerimiento de instrucción de la causa, es una denuncia que formuló el Jefe de la División Policía Científica, Comisario Horacio Vargas, respecto a presiones que ejerció Cesari Hernández contra integrantes de esa repartición policial, para cambiar los resultados de informes en causas que se tramitan en su Juzgado.
La denuncia de la autoridad policial agrava la situación del Juez Cesari Hernández, a quien ya se le inicio un sumario administrativo que se tramita en la Secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, por denuncias que formuló el gremio judicial de la UEJN, respecto a maltratos a sus empleados y acoso laboral. Sobre este último, la comisión directiva de ese sindicato mantuvo un encuentro con miembros de la Corte.
Cabe recordar que el pasado 13 de marzo, un grupo de dirigentes y delegados de la UEJN, hicieron un escrache frente al Juzgado de Cesari Hernández, para visibilizar las quejas constantes que fueron expuestas por los empleados y que se suman a la causa que se le inició al cuestionado Juez.
Ante el inicio de la causa penal que instruye la Jueza Cecilia Cataldo, la situación del titular del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Grande ya fue notificada al Consejo de la Magistratura.
