fectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una banda delictiva que operaba con base en Ushuaia, se hacía pasar por un organismo oficial del Estado y expedía certificados de antecedentes penales falsos.
En total, de acuerdo a la causa, los delincuentes estafaron a más de 5.500 personas, por lo que se hicieron de $45 millones en un año.
Los allanamientos se llevaron a cabo en diferentes lugares del país, entre ellos la capital fueguina bajo orden del Juzgado Criminal en lo Correccional Federal Nro. 08, a cargo del Dr. Marcelo Martínez De Giorgi, Secretaría Nro. 16 de la Dra. Mariana Simian.
La investigación, llevada adelante por los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la PFA, arrojó tras un trabajo de entrecruzamiento de información digital, financiera, impactos de antenas y escuchas telefónicas, como también diferentes tareas de campo y seguimientos, una gran cantidad de material probatorio que permitieron impulsar las diversas medidas procesales ordenadas.
El modus operandi de la banda delictiva era que ofrecían la tramitación del “Certificado de Antecedentes Penales” vía web con la opción de “blanqueo” a quienes poseían causas penales reales. La documentación era otorgada a través del supuesto trámite que se realizaba en un sitio web falso que simulaba ser la página web oficial del Registro Nacional de Reincidencia, copiando imágenes y colores de tales sitios.
Esta web falsa aparecía primero en los resultados de búsqueda de Internet debido a una metodología de publicidad comercial financiada por la propia organización, con la finalidad de “pescar” al solicitante.
Luego de un primer contacto vía web, la mecánica del sitio era redirigir al solicitante de “Certificados de Antecedentes” a diversos abonados celulares, a fin de comenzar una comunicación formal. Iniciada la conversación por aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp, se solicitaban fotografías de documentos de identidad y se ofrecían diversas formas de pago, entre las cuales se detectaron múltiples cuentas bancarias, billeteras virtuales, etc, y tras enviar los montos de dinero solicitados, dejaban de ser contactados por integrantes de esta organización, constituyéndose de esta manera la estafa.
Respecto a los sujetos conexos, a través de escuchas telefónicas y múltiples seguimientos, se pudo vislumbrar que al menos cuatro personas más componían la organización, pudiendo poseer el rol de prestanombres y/o partícipes de esta asociación con fines delictuales. Además, tales personas eran titulares de billeteras virtuales y cuentas de aplicaciones financieras utilizadas para recepcionar el dinero de la estafa.
