a presidenta de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSEF), Mariana Hruby, acompañada por el letrado Jorge Giménez, presentó un recurso de apelación ante el fallo dictado por el Juez Civil y Comercial Gustavo González, solicitando la declaración de abstracta la sentencia en el caso de la menor contra OSEF que se conoció la semana pasada. La exhaustiva presentación, que incluye un acta de entrega de insumos, un expediente administrativo detallado del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, y una fuerte denuncia por mala fe contra la madre de la menor. El recurso también contiene la reserva de caso federal, anticipando la posible apelación a nivel nacional.
El recurso de apelación se centra en la contradicción de la sentencia que, a pesar del cumplimiento de la orden judicial por parte de la OSEF, impuso una sanción económica a los cuatro directivos de la obra social. La presentación de Hruby sostiene que la OSEF cumplió exhaustivamente con todas las disposiciones del amparo dictado por el juez González, entregando la totalidad de los insumos médicos y ortopédicos requeridos para el tratamiento de la menor.
La documentación adjuntada incluye cinco expedientes administrativos (E-1137-2024, E-1138-2024, E-4478-2024, E-1372-2024 y E-3990-2024) que detallan la compra y entrega de los insumos, incluyendo: ortesis de miembro superior e inferior, cama ortopédica manual, silla de ruedas postural pediátrica, sistema de sujeción para silla de ruedas, almohadón postural, silla de baño pediátrica, silla de traslado postural, butaca de traslado vehicular, bomba de infusión continua, apósitos, material de curaciones, entre otros. La apelación tiene el detalle de cada expediente de compra en favor de la menor, donde se incluyen fechas de entrega y números de orden de compra, demostrando el proceso de adquisición y el cumplimiento de las órdenes judiciales.
"La documentación adjunta – cinco expedientes administrativos detallados – deja en evidencia la completa y fehaciente ejecución de la sentencia", afirma Hruby en su apelación. "La imposición de astreintes carece de fundamento, pues el objetivo de esta medida coercitiva es garantizar el cumplimiento de una resolución judicial. Si el cumplimiento ya se ha verificado, la sanción queda sin objeto", objetando duramente la actuación del Juez Civil y Comercial de Ushuaia.
La presentación no solo se centra en el cumplimiento de la sentencia, sino que también denuncia la mala fe de la madre de la menor. Hruby argumenta que la madre omitió intencionalmente información relevante sobre la provisión previa de algunos insumos por parte de otras instituciones provinciales, generando una duplicación de esfuerzos e imponiendo un gasto público injustificado a la obra social. Esta omisión deliberada se considera una agravante en el proceso de apelación.
Finalmente, ante la posibilidad de que la interpretación jurídica de la sentencia pueda ser rebatida, la presidenta de la obra social realizó la reserva del caso federal, asegurando el derecho a apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que el fallo en las instancias provinciales no les sea favorable a la OSEF.
