l juez de Instrucción Federico Vidal denegó la excarcelación de Ramón “Moncho” Calderón, secretario general de la UTHGRA (Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), y Maximiliano Perpetto, integrante de la CGT provincial. Ambos permanecen detenidos, imputados por "abuso de armas" y "lesiones" tras un tiroteo ocurrido el sábado pasado en Ushuaia, luego de un acto del Partido Justicialista.
El incidente dejó herido a Matías Niego, un camionero de 35 años que recibió un balazo en una pierna. La decisión judicial de mantener a los sindicalistas presos se sustenta en tres argumentos principales: las amenazas recibidas por testigos, el ocultamiento de pruebas –concretamente el arma de fuego utilizada, aún no recuperada– y la fuga de los imputados, quienes fueron detenidos en Tolhuin tras, presuntamente, huir de Ushuaia.
Según trascendió, la falta de hallazgo del arma representa una significativa dificultad ya que explicita la intención de obstaculizar la investigación judicial. Este hecho, sumado a las amenazas sufridas por testigos, evidencia una posible intención de obstrucción a la justicia por parte de los acusados. La posterior detención en Tolhuin refuerza las sospechas de una huída premeditada de ambos dirigentes sindicales.
En cuanto a la continuidad de la prisión de libertad, Vidal ordenó el traslado inmediato de Perpetto y Calderón desde la comisaría donde se encontraban alojados al Servicio Penitenciario. Si bien la decisión de su traslado a la Unidad de Detención 1 en Río Grande o a la Alcaidía de Ushuaia aún está pendiente –debido a la falta de espacio en la Alcaldía capitalina–, su permanencia en prisión preventiva quedó confirmada.
Por otra parte, se confirmó que ambos dirigentes acusados de formar parte del dispositivo desde donde se realizaron los disparos contra un integrante del gremio de camioneros presentaron sus respectivas renuncias al Partido Justicialista, que fustigó fuertemente los hechos ocurridos a las afueras de uno de sus locales partidarios.
En los próximos diez días, el magistrado deberá determinar si procesa o no a los imputados. La investigación continúa para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el tiroteo.
