uego de no haber logrado que durante el año pasado el Parlamento avanzará en el tratamiento en comisión de un proyecto de ley que buscaba la “ampliación del marco regulatorio vigente para fomentar el desarrollo sostenible de la acuicultura y maximizar los beneficios económicos a corto, mediano y largo plazo”, el bloque de la Libertad Avanza resolvió impulsar una nueva iniciativa sobre el tema.
El nuevo proyecto, presentado el pasado martes 22, ya no propone la derogación lisa y llana de la ley que prohibió el cultivo y producción de salmónidos en aguas lacustres y marítimas de la provincia, sino que plantea la modificación de algunos artículos, lo que a entender de los autores permitirá “fomentar el desarrollo sostenible de la acuicultura, maximizando sus beneficios económicos, garantizando el control y promoviendo la disminución del impacto ambiental”.
A tal fin se plantea una nueva redacción del artículo 1 de la ley 1355 que resulte menos restrictiva que la actual. Si bien mantiene vigente la prohibición de “cultivo y producción de salmónidos en aguas lacustres y marítimas de la Provincia, a excepción de las actividades de cultivo para el repoblamiento, investigación o fines análogos que lleva adelante la autoridad de aplicación", elimina el párrafo que refiere que esa restricción se adopta a fin de “asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos”.
El proyecto busca además habilitar taxativamente “el cultivo y producción comercial mediante el Sistema de Recirculación Acuícola - o sistema RAS- y sistemas de similares características que sean aprobados por la autoridad de aplicación”, cubriendo de esta manera el actual vacío normativo en la materia.
También busca flexibilizar las condiciones impuestas a los actuales emprendimientos de cultivo de truchas. Elimina, por ejemplo, la limitación respecto de las especies actualmente habilitadas (trucha arco iris, marrón y de arroyo) como así también el tope fijado en 50 toneladas de producción anual.
La iniciativa propone que los proyectos en marcha se mantengan vigentes mientras cumplan “las condiciones y pautas establecidas por la autoridad de aplicación”, y que la habilitación de nuevos emprendimientos será la autoridad de aplicación al responsable de “establecer los topes de producción y las especies autorizadas, garantizando la sustentabilidad económica del proyecto".
Es de tener en cuenta que cuando el año pasado los legisladores Gracianía y Coto presentaron el primer proyecto de producción acuícola, la voluntad política mayoritaria en la Provincia seguía siendo la de mantener vigentes las limitaciones establecidas en la ley 1355. Ese posicionamiento, por los menos en el oficialismo, parece haber mutado, ya que el propio gobernador Melella planteó, al inaugurar el actual período de sesiones, la conveniencia de modificar la ley vigente para abrir la puerta a nuevas inversiones que generen nuevos puestos de trabajo.
