a reciente decisión unilateral sobre los aranceles que afecta al régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego reabre el debate sobre el respeto al federalismo, la necesidad de políticas públicas consensuadas y el peligro del autoritarismo en la toma de decisiones a nivel nacional.
La publicación de ayer de ambos Decretos preanunciados por parte del gobierno nacional de una medida que impacta de lleno en el sub régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego sin haber consensuado ni una coma con el gobierno provincial, ni con AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica), la UIF (Unión Industrial Fueguina) u otra organización de empresas que opera en la provincia, ha generado un profundo malestar y una seria controversia.
Tampoco se trabajó en conjunto con las organizaciones sindicales ni con las Cámaras de Comercio de Ushuaia y Río Grande, evidenciando un desprecio por el diálogo y la participación de los actores directamente afectados. Incluso, dentro de la Secretaría de Industria de la Nación, la medida era desconocida hasta el anuncio oficial por parte del vocero presidencial Manuel Adorni, lo que revela una alarmante falta de coordinación y transparencia en el proceso de toma de decisiones.
Este permanente accionar unilateral pone de manifiesto una preocupante tendencia a centralizar el poder y a tomar decisiones de manera autoritaria, ignorando el espíritu federal que consagra la Constitución Nacional y socavando la autonomía de las provincias.
Por esto mismo, la cautela inicial obligó a los principales actores afectados e involucrados a no tomar posición de inmediato, reflejando el desconcierto propio de una medida que traerá graves consecuencias para el sistema industrial y productivo fueguino, especialmente por la eliminación y baja de aranceles a productos electrónicos importados, así como la implementación de una nueva modalidad de courrier sin detalles claros, con características propias de la plataforma de ventas y logística ¨Mercadopago¨, extremadamente cercana a los intereses de la Casa Rosada.
Ante esta perspectiva, es central recordar que la autonomía de las provincias es un pilar fundamental de nuestra organización como país. En este sentido, las decisiones que afectan a los territorios provinciales deben ser producto de un diálogo constructivo, un debate transparente y del consenso entre todas las partes involucradas. Es que, las políticas públicas impuestas de manera autoritaria no sólo carecen de legitimidad y representatividad, sino que también son inherentemente más frágiles y susceptibles de generar conflictos sociales y económicos a largo plazo. La historia nos enseña que las medidas que ignoran las particularidades y necesidades de los territorios suelen fracasar, generando un impacto negativo en el desarrollo regional y nacional.
Vale decir que, confundir autoridad con autoritarismo es un error estratégico que puede tener graves consecuencias para la gobernabilidad y la estabilidad del país. La verdadera autoridad se construye a través de la transparencia en la gestión, la participación ciudadana, el respeto por las instituciones y la capacidad de escuchar y dialogar con todos los actores sociales y políticos. En ese sentido, las medidas económicas y fiscales que tienen un impacto significativo a nivel nacional deben ser trabajadas en conjunto con los gobernadores y con las distintas fuerzas políticas, buscando el consenso y la construcción de acuerdos que beneficien a todas las regiones del país, tal como lo establece el espíritu de la Constitución
De hecho, la experiencia demuestra que las decisiones tomadas de manera participativa y consultada suelen ser más sólidas, sostenibles en el tiempo y generar mejores resultados a nivel social y económico.
En contraste, las decisiones impuestas unilateralmente, guardadas bajo cuatro llaves y sin ningún tipo de debate previo, generan desconfianza, incertidumbre y resistencia, dificultando su implementación y generando un clima de confrontación innecesario.
Por eso mismo, la falta de diálogo y de consenso en el caso de Tierra del Fuego plantea serias interrogantes sobre la visión de país que tiene el gobierno nacional. ¿Qué sentido tiene tener provincias y gobernadores si se asume que es posible administrar el poder en un país tan extenso y diverso como Argentina bajo modalidades monárquicas o imperiales?
Esta actitud centralista y autoritaria no sólo socava la autonomía provincial, sino que también debilita la cohesión social y la gobernabilidad democrática.
Por esto, es fundamental que se revierta esta tendencia y se apueste por un modelo de gestión más democrático, transparente y respetuoso de la autonomía provincial.
En definitiva, la solidez y la efectividad de las políticas públicas residen en su capacidad de ser consensuadas, legitimadas y construidas colectivamente por todos los actores involucrados, garantizando un desarrollo equitativo y sostenible para todas las regiones del país.
Solo así se podrá construir un país más justo, próspero y con un futuro promisorio para todos sus habitantes.
Por el contrario, jamás podremos avanzar como sociedad en base a relatos vacíos de contenido, como tampoco malogrando el concepto de libertad.
Sabemos todos que los autoritarismos y personalismos nos han hecho retroceder incontables veces como nación, mientras que la libertad bien entendida y no manoseada será el vértice de un desarrollo serio, consensuado y sostenible en el tiempo.
Porque, se sabe bien, los autoritarismos y los sistemas populistas, tanto de izquierda, centro o derecha, vulneran por principio la seguridad jurídica y la posibilidad de construir proyectos serios y a largo plazo.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
