n el marco de la causa judicial caratulada “Averiguación infracción a la Ley 25.051”, el juez de Instrucción Sergio Pepe dispuso el llamado a prestar declaración indagatoria a cinco personas identificadas como parte de dos empresas señaladas por su presunta responsabilidad en un delito ambiental. Se trata de los integrantes del directorio de Río Chico S.A. —Mariano Ariel Klas, Ida Silvia Teplitzky y Gonzalo Francisco Muñoz Ferragut— y de Transiland S.R.L., representada por Alejandro Alberto Cabral y Claudio Alberto Magrini.
En este contexto, las audiencias se realizarán entre los días 4 y 8 de agosto en sede judicial, y los imputados deberán comparecer acompañados de su defensa. En caso contrario, se les asignará defensor oficial. Asimismo, se solicitó a la Policía Provincial el envío de las planillas prontuariales de los involucrados y al Registro Nacional de Reincidencia, un informe sobre posibles antecedentes penales.
Cabe destacar que la causa investiga posibles violaciones a la Ley 25.051, norma nacional que regula la gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios, y sanciona las conductas que representen un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.
150.000 bolsones en terrenos fiscales: el antecedente que encendió las alarmas
Para comprender el trasfondo del caso, es necesario remontarse a la investigación periodística realizada por EDFM, cuando se detectó la presencia de más de 150.000 bolsones plásticos industriales almacenados irregularmente en un predio sin habilitación, distribuidos en distintos sectores de un terreno que funcionaba como un depósito a cielo abierto.
Según se informó entonces, estos bolsones —almacenados sobre palets sin ningún tipo de medida de protección— fueron acumulados sin autorización ni control ambiental alguno, lo que generó preocupación por el riesgo potencial de contaminación de suelo y la cuenca del río Olivia, cercados al depósito clandestino.
En relación con ello, la empresa Río Chico S.A. figura como presunta responsable de la propiedad del plástico industrial, como también del traslado hacía la ciudad de Río Grande, como así del acopio de estos materiales, mientras que Transiland S.R.L. habría participado en la logística bajo indicación expresa de Río Chico. El volumen de residuos plástico hallado dio lugar a la intervención de la Secretaría de Ambiente provincial y, posteriormente, a la apertura de una causa penal.
Inicialmente, este medio se contactó con la empresa Río Chico para contar con información directa sobre los hechos, aunque los propietarios del material plástico industrial se limitaron a informar que Alejandro Cabral, jefe del depósito en Ushuaia, se contactaría con EDFM. Situación que nunca se concretó.
Finalmente, con la citación formal a indagatoria, el proceso judicial entra ahora en una etapa clave, en la que se determinará el grado de responsabilidad de los implicados.
En función de los peritajes técnicos en poder del Tribunal, ahora se espera que las declaraciones permitan esclarecer los hechos y establecer si hubo negligencia o dolo en el manejo de residuos clasificados como peligrosos según la legislación vigente.
Más allá de la responsabilidad penal, Río Chico debió relocalizar la totalidad de los bolsones a la ciudad de Río Grande y responsabilizarse del saneamiento del sector dañado.
