l pasado viernes 13 de junio, un episodio vial protagonizado por la jueza correccional Felicitas Maiztegui Marcó puso en alerta a vecinos, autoridades y redes sociales. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un Jeep Wrangler gris, dominio NVZ-484, embistió a un Toyota Etios estacionado sobre la calle Gobernador Godoy, lo que desencadenó una colisión en cadena con otros tres vehículos, incluido un Citroën C5 Aircross. Luego del impacto, la conductora se retiró sin detenerse, huyendo del lugar por avenida Maipú y evadiendo cualquier contacto con la policía o el personal de tránsito.
La situación fue documentada en un informe policial exhaustivo presentado por la Comisaría Primera ante el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de Ushuaia, donde se detalla la intervención, los testimonios de testigos y la identificación posterior del rodado a nombre de la magistrada. El hecho fue caratulado como “colisión sin personas lesionadas”, aunque se constataron roturas de consideración en los vehículos impactados.
Entre los damnificados se encuentran tres vehículos de la empresa Avis Rent a Car, cuyo representante legal se presentó ante la comisaría para dejar constancia del hecho. También se identificó como víctima a Florencia Benevento, titular del Citroën C5, y en las últimas horas se sumó un nuevo denunciante: Juan Pablo Quinteros, quien afirmó que su Jeep Renegade también fue embestido por el mismo vehículo, en el mismo sector y en el mismo horario. Este testimonio complica aún más la situación legal de la magistrada, ya que confirma un patrón de conducta evasiva y refuerza la presunción de huida deliberada.
Ahora, el Municipio de Ushuaia lleva adelante una investigación interna para determinar la responsabilidad de la jueza como titular del vehículo involucrado. Aunque las pruebas fílmicas y testimoniales abundan, fuentes oficiales no descartan que el hecho termine recibiendo una sanción meramente administrativa, por la falta de elementos que confirmen la condición de quien conducía el Jeep en ese momento.
No obstante, los propietarios de los rodados damnificados ya anticiparon que iniciarán acciones civiles por daños y perjuicios, incluyendo el lucro cesante que sufrió la agencia de alquiler de vehículos, cuyas unidades quedaron momentáneamente fuera de servicio por los daños sufridos.
Más allá del siniestro en sí, la noticia provocó un fuerte debate público debido a la doble condición de Maiztegui Marcó, quien —como jueza correccional— actúa precisamente como instancia de apelación en los casos que el Juzgado Administrativo de Faltas sanciona, es decir, en el mismo fuero del que ahora es protagonista.
Por supuesto que la contradicción institucional no pasa desapercibida: quien debe juzgar infracciones es, a la vez, quien ahora está siendo investigada por una conducta que viola los principios más básicos de la Ley de Tránsito.
