l Gobierno formalizó el martes pasado la recusación del juez Ernesto ¨Nene¨ Löffler, vocal del Superior Tribunal de Justicia, por dos causales que comprometen —a juicio del Ejecutivo— su imparcialidad: la emisión de opiniones previas sobre la reforma constitucional y la demora injustificada en la resolución de las causas acumuladas “Lechman” y “Rossi”, que cuestionan la validez de dicha reforma.
La recusación fue presentada por el Fiscal Subrogante Antonio Petkos, con el patrocinio del abogado Emiliano Fossatto, y se basa en los artículos 28 incisos 7 y 10 del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la provincia. El primero refiere al prejuzgamiento, y el segundo a la enemistad manifiesta que afecte la imparcialidad del juez.
El escrito enfatiza que el Dr. Löffler emitió opiniones categóricas contrarias a la reforma desde 2023, incluso mucho antes del inicio del proceso judicial. En la presentación de su libro “La Constitución Fueguina comentada”, Löffler afirmó: “No soy partidario de reformar las constituciones cada 30 o 40 años. Las constituciones están hechas para durar. Lo que hay que hacer es cumplirla y respetarla”. En entrevistas radiales posteriores, insistió en que “no hay que tocar los textos constitucionales”, especialmente “en contextos de crisis”, dado que ello “altera la esencia del pensamiento social”.
El Gobierno considera que esas manifestaciones públicas configuran un adelanto de opinión incompatible con la imparcialidad requerida a un magistrado. En el escrito se sostiene que la Corte Suprema de la Nación ha sostenido que la imparcialidad judicial es un pilar del debido proceso legal, y que emitir juicio antes del tiempo debido configura una causal grave de recusación y hasta de enjuiciamiento.
Junto con el prejuzgamiento, la recusación pone el foco en otra situación igualmente grave para el Ejecutivo: la demora injustificada en el dictado de sentencia, atribuida directamente al vocal recusado. Según consta en los informes del propio Tribunal, los expedientes “Lechman” y “Rossi” estuvieron estancados durante meses en la vocalía del Dr. Löffler, a pesar de los múltiples pedidos de pronta resolución.
La presentación detalla que incluso luego de haberse requerido formalmente el expediente para extraer copias, Löffler lo retuvo indebidamente. Fue recién el 27 de mayo cuando la Secretaría de Demandas Originarias informó que los papeles “aparecieron” en su despacho y fueron devueltos. Para el Poder Ejecutivo, esta conducta constituye una maniobra deliberada de obstaculización destinada a frenar la concreción de la reforma impulsada por el Gobierno.
Como si esto no fuera suficiente, el Gobierno denunció otras conductas procesales por parte del juez Löffler que refuerzan la causal de enemistad manifiesta. Entre ellas, se destaca la reserva injustificada del dictamen fiscal y la restricción del acceso electrónico al expediente, lo que vulnera el principio de publicidad y afecta el derecho de defensa.
En este contexto, el escrito sostiene que “la actuación del Dr. Löffler consolidó una dinámica procesal opaca, restrictiva y deliberadamente dilatoria, incompatible con el deber de imparcialidad”, y señala que esta situación “pone en crisis la vigencia efectiva del Estado de Derecho”.
Según el Gobierno fueguino, la conducta del juez Löffler “no solo afecta la apariencia de imparcialidad, sino que erosiona la confianza pública en las instituciones y compromete la seguridad jurídica en un proceso de trascendencia institucional”.
Finalmente, el escrito de recusación afirma que ¨en atención a todo lo expuesto, resulta evidente que el Vocal Dr. Ernesto Adrián Löffler ha incurrido de manera ostensible y reiterada en conductas que comprometen gravemente los principios de imparcialidad, objetividad e independencia judicial que deben regir su función¨, concluye la presentación.
También están recusadas Battaini y Cristiano
La recusación al juez Löffler se suma al escenario donde también se encuentran recusadas las juezas María del Carmen Battaini y Edith Cristiano, aunque en estos casos el Ejecutivo denuncia obstáculos adicionales: falta de acceso al incidente de recusación, falta de información sobre el estado del trámite y ocultamiento de las decisiones adoptadas.
El escrito del Ejecutivo no solo busca apartar a Löffler del expediente sobre la reforma constitucional, sino que también pone en cuestión la transparencia, la celeridad y la imparcialidad del máximo tribunal provincial en una causa de alto impacto institucional.
El Ejecutivo sostiene que la única salida compatible con la legalidad, la ética judicial y la confianza ciudadana es el apartamiento inmediato del juez Ernesto Löffler de las actuaciones.
Sin embargo, la resolución en manos del propio Superior Tribunal de Justicia, que deberá decidir si hace lugar al pedido del Gobierno, deberá realizarse con la integración de un juez de Cámara que resuelva conjuntamente con los jueces Gonzalo Sagastume y Javier Muchnik, puesto que 3 de los 5 magistrados se encuentran recusados por distintos incidentes.
