i bien la actividad en la terminal aérea se desarrolló sin interrupciones ni alteraciones en el cronograma de vuelos, salvo algunas demoras no significativas, hubo presencia gremial visible en las instalaciones y un operativo de seguridad reforzado.
La protesta fue impulsada de forma conjunta por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA); la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA); la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA): la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y ATE ANAC, el gremio que nuclea a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil.
El conflicto se originó tras la publicación a comienzos de junio del DNU 378/2025, que derogó el decreto 877/2021 y modificó de forma sustancial las condiciones laborales del personal aeronáutico, entre ellos la extensión del límite máximo de horas de vuelo de 8 a 10 por día y de 800 a 1.000 al año.
También la reducción del descanso semanal obligatorio, que se redujo de de 36 a 30 horas; el recorte del régimen de licencias que establece un máximo de 15 días de vacaciones corridos, sin posibilidad de acumulación como hasta ahora, y el tiempo de traslado y espera previa, que ya no se considera jornada laboral.
Para los gremios, estas medidas no solo representan un deterioro en las condiciones laborales sino que también implican un riesgo directo para la seguridad operacional.
Tras la asamblea, los dirigentes sindicales brindaron una conferencia de prensa con fuertes críticas al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien el dirigente de APA Edgardo Llano calificó de “bestias salvajes” y advirtió sobre una eventual “catástrofe aérea” si no se revierten las medidas.
“Queremos que la población esté informada. No vamos a afectar los vuelos porque el turismo ya cayó un 50%. Pero esto va mucho más allá del salario: se está desmantelando el sistema de control aéreo”, advirtió.
Por su parte, Roberto Fernández, de UPSA, sostuvo que “la Argentina perdió el control sobre quién vuela, qué experiencia tienen los pilotos o qué preparación tienen los técnicos. Así, el país se convierte en un ‘boccato di cardinale’ para el narcotráfico. ‘Los Monos’ de Rosario ya deben estar armando su aerolínea con vuelos a Colombia y Estados Unidos”, ironizó, al denunciar que hoy solo se requiere una declaración jurada para habilitar un operador aéreo.
Los sindicatos presentaron una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para alertar sobre el impacto que puede tener la desregulación en la seguridad aérea y en los derechos laborales.
Más allá de las reformas normativas, los gremios también denuncian una pérdida del poder adquisitivo del 70% en Aerolíneas Argentinas y sueldos congelados desde agosto de 2024 para los controladores de vuelo nucleados en Atepsa, además de que ATE ANAC denunció más de 100 despidos en el organismo desde que comenzó la actual gestión.
Tanto APLA como Atepsa están actualmente alcanzados por conciliaciones obligatorias que les impiden realizar paros, aunque no les prohíben acciones de visibilización como la del lunes.
Paola Barrita, dirigente de Atepsa, denunció que la conciliación fue utilizada “de manera dilatoria” para evitar protestas durante las vacaciones de invierno.
“Tenemos despidos desde abril y nos dictaron conciliación en mayo. Ya pasaron diez días y ni siquiera propusieron una audiencia. Si no hay respuesta en agosto, vamos a tomar medidas”, dijo y recordó que el 15 de agosto vence el plazo máximo legal, incluida la eventual prórroga, y que esa fecha coincide con un fin de semana largo.
Pese a que la asamblea no afectó los vuelos de hoy, los gremios advirtieron que el conflicto sigue abierto: de no haber avances concretos en materia salarial, laboral y de regulación aérea, no se descartaban medidas más contundentes una vez superado el período de vacaciones de invierno. (Noticias Argentinas)
