menos de 1 mes de haber remitido el decreto 1521/25 para que la Legislatura aprobará o desechara el "Acuerdo de Resolución de Conflicto entre la Provincia de Tierra del Fuego y Energía y Química SA" que fuera firmado por las partes a fines del pasado mes de mayo, el Poder Ejecutivo modificó su postura por entender que por tratarse el referido acuerdo de “un convenio con un ente privado” no resulta necesario que sea analizado por el Poder Legislativo.
El cambio de criterio está sustentado en la opinión técnica planteada por la Secretaría Legal de Gobierno. En el dictamen emitido el lunes 7 de julio, el Secretario Legal Emiliano Fossatto, refiere que el inciso 1° del artículo 135 de la Constitución Provincial establece como una de las atribuciones del Gobernador “la de Ejercer la representación legal de la Provincia en todas sus relaciones oficiales. Podrá celebrar tratados y convenios con la Nación y con otras provincias. También podrá celebrar convenios con municipios y entes
públicos ajenos a la Provincia, nacionales o extranjeros, o con organismos internacionales, en todos los casos con aprobación de la Legislatura y dando cuenta al Congreso de la Nación cuando así correspondiere”, y que de “la lectura del artículo constitucional no se desprende que en caso de que el Gobernador suscriba un convenio con un ente privado, el mismo requiera de aprobación o rechazo por parte de la Legislatura”.
Teniendo en cuenta entonces que el referido acuerdo fue suscripto con una sociedad anónima “no resulta necesaria la remisión del Convenio a la legislatura para su aprobación”.
Desde la Secretaría Legal se refiere que tanto en la Constitución Comentada de la doctora Silvia Cohn como en la del Doctor Ernesto Löffler, actual miembro del Superior Tribunal de Justicia, no surge que los convenios de esas características deban contar con intervención del Parlamento, ya que esa atribución legislativa está constreñida “a los que firme el Gobernador en representación de la Provincia con la Nación, con las restantes Provincias, con municipios de otras provincias, con entes públicos pertenecientes a otras provincias, entes públicos nacionales, entes públicos de países extranjeros y con organismos internacionales”.
No obstante ello, atendiendo que el artículo 84 de la Constitución Provincial establece que las concesiones o convenios de exploración, explotación, comercialización e industrialización de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos deberán ser aprobados por la Legislatura, desde la Secretaría Legal y Técnica se sostiene que tal “requisito ya
se vio cumplimentado al momento del dictado de la Ley Provincial N° 828, hoy vigente, y a través de la cual se procedió a aprobar el Convenio de Suministro de Gas de Regalías para su Industrialización suscripto entre la Provincia y la Empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A., cuya continuidad se propicia” con el nuevo convenio.
El antecedente de hace 2 años
Esta no es la primera vez que el Poder Ejecutivo considera innecesario someter a consideración de la Legislatura los acuerdos alcanzados con TEQSA, ya que en 2023 se vivió una situación similar. En agosto de 2022 se firmó entre el Gobierno y la firma Shaanxi Chemical Industry Group (empresa controlante de Tierra del Fuego, Energía y Química) un "Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en la Construcción de Proyecto con producción anual de 1 millón de toneladas de productos químicos en Tierra del Fuego”.
Ese acuerdo fue ratificado mediante el Decreto Provincial N° 3312/22, que fue remitido a la Legislatura para su aprobación o rechazo a comienzos de junio de 2023. Pero, a fines de ese mismo se solicitó “se retire de comisión el memorándum de entendimiento y sea devuelto a este ejecutivo provincial” por cuanto “ha sido celebrado con una empresa privada constituida en China, por lo que se trata de un ente privado”.
En ese entonces la Legislatura no objetó la solicitud formulada por el Ejecutivo por lo que el tema pasó a archivo.
