aría José Pazos, madre de una persona con discapacidad, expuso las vicisitudes que atraviesan las personas con discapacidad en Tierra del Fuego, cuestión que se ve profundizada por las políticas de recorte del Gobierno Nacional. “No se respetan las leyes. Pareciera que no estamos viviendo en un Estado de Derecho”, sostuvo en primer término.
Según precisó, en la práctica estas restricciones se perciben en la falta de financiamiento de los hospitales públicos; en la fuga de médicos; cuando no actualizan de manera transparente el monto de la pensión RUPE; cuando las pensiones nacionales están más que atrasadas al igual que los nomencladores que son los que fijan el valor de las distintas prestaciones, ya sea de un acompañante terapéutico, de un kinesiólogo, de un enfermero o de una cuidadora domiciliaria.
En diálogo con FM Ushuaia, recordó que en el Gobierno de Macri hubo una modificación de la CONADI que se convirtió en ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) y desde entonces “comenzó un plan sistemático de desmantelamiento de todas las políticas orientadas a brindar asistencia a las personas con discapacidad”.
Para graficar el desfasaje que existe con respecto a los costos, Pazos indicó que una hora de acompañamiento terapéutico cuesta 15 mil pesos pero al acompañante terapéutico se le está pagando menos de 5.500 pesos la hora. “La diferencia la ponen las familias que pueden”, subrayó. En este sentido, remarcó que “hay familias que pasan situaciones críticas ya que su único ingreso es la pensión por discapacidad que a nivel provincial no llega a 550 mil pesos por mes”. Esto hace que “no puedan destinar dinero a cubrir los tratamientos”.
Por otra parte marcó que los niños, jóvenes y adultos no pueden acceder a los tratamientos debido a un factor adicional que es escasez de recursos humanos especializados a nivel local. “Hubo una inauguración espectacular del Centro de Rehabilitación Provincial, es enorme, tendría capacidad para todas las personas que lo están necesitando. El problema es que no hay profesionales que brinden el servicio. El achique viene por todos lados”, advirtió.
“Acá no estamos hablando sólo de cuestiones de dinero, estamos hablando de acceso a la salud y estamos hablando de la posibilidad de una vida digna”, enfatizó.
Como ejemplo citó el icónico caso de Lautaro, en Río Grande, cuyas enfermeras y cuidadores domiciliarios no cobran desde abril y no pueden seguir sosteniendo el tratamiento de una internación domiciliaria. “La vida de todas las familias se ve afectada cuando en una casa hay una internación domiciliaria pero si el Estado no acompaña es insostenible”, opinó.
Otro dato alarmante proporcionado por Pazos es que en Tierra del Fuego hay casi 6 mil personas con CUD (Certificado Único de Discapacidad) y el número de pensiones es de 1900. “Qué hacemos con el resto de los ciudadanos que no sabemos si está con una pensión nacional, si está esperando poder llegar algún tipo de beneficio. La lucha es la misma y cada vez se igualan más las desigualdades ya sean beneficiario RUPE o beneficiario nacional. Esto va más allá del monto de una pensión, va con lo que tiene que ver con el acceso a la salud, con el acceso a vivienda, a educación, a la justicia”, reflexionó.
A su vez, puso énfasis en lo importante que es que “una familia que no está recibiendo su tratamiento, su cobertura médica o que no puede acceder a una derivación o a determinado profesional sepa que puede y debe y tiene que acercarse a la Defensoría Pública y pedir la asistencia”. En este aspecto deseó que las defensorías de las tres ciudades fueguinas puedan ponerse en sintonía con estos reclamos. “Necesitamos que también la Justicia ponga sus recursos en los ministerios públicos porque tenemos muchos reclamos de familias que están tratando de que se tome su caso”, resaltó.
