l Gobierno estableció un mecanismo para que ex agentes que se acogieron al Régimen de Retiro Voluntario y fueron reincorporados al Estado devuelvan en cuotas los beneficios que habían cobrado. La medida quedó formalizada mediante la resolución 540/25 de la Jefatura de Gabinete, fechada el 22 de agosto, y apunta a fijar procedimientos uniformes y mecanismos de control que aseguren la correcta aplicación de la Ley Provincial 1200.
Esa norma creó un régimen de Retiro Anticipado para el personal de los tres poderes del Estado provincial, organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas estatales, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado. Su artículo 5º establece que los agentes desvinculados no pueden reingresar a la administración en ninguna modalidad durante cinco años desde el cobro de la última cuota del beneficio. Además, dispone la caducidad automática y la obligación de reintegrar la totalidad de lo percibido en caso de incumplimiento.
La resolución 540/25 habilita, sin embargo, un mecanismo excepcional para los casos en que el Poder Ejecutivo autorice la reincorporación por razones fundadas. En esas situaciones, el retorno al Estado se concretará mediante el reconocimiento y la firma de un compromiso de devolución proporcional de los beneficios percibidos, calculados en función del tiempo faltante para cumplir los cinco años de prohibición.
El texto también prevé que la deuda se actualice conforme a los aumentos salariales generales que se otorguen al personal en actividad dentro del mismo escalafón que tenía el agente al momento de su baja.
Para avanzar en el reintegro, el ex agente deberá iniciar el trámite en el organismo donde se gestione su reingreso. Allí se certificará el monto de los beneficios abonados y se calculará la suma proporcional a devolver, considerando además los aportes previsionales y asistenciales que el empleador efectuó en su momento.
La resolución autoriza, asimismo, a la Secretaría de Capital Humano, dependiente del Ministerio de Economía, a firmar convenios de intercambio de información con la ANSES y con la Caja de Previsión Social de la Provincia. El objetivo es verificar posibles reingresos no autorizados y fortalecer los mecanismos de fiscalización del régimen.
Con este esquema, la Provincia busca compatibilizar la necesidad de reincorporar personal indispensable en áreas estratégicas con el cumplimiento de las reglas que regulan el régimen de Retiro Anticipado, garantizando transparencia y equidad en la administración pública.