n su escrito, la organización sostuvo que “la corrupción no tiene por principio una víctima individualizable sino que el interés que afecta es el normal funcionamiento de los servicios del Estado y las arcas públicas”.
“Bajo esta concepción se puede asegurar que la transparencia es un interés colectivo cuya contracara es la corrupción y como tal los delitos de corrupción permiten incluir a las organizaciones que bregan por su erradicación”, agregó a la hora de fundamentar el pedido que será analizado por el juez federal Sebastián Casanello.
El rol de querellante le daría acceso al expediente cuando se levante el secreto de sumario y la posibilidad de pedir medidas de prueba, apelar decisiones y actuar en un futuro juicio oral.
“Tomar parte en este tipo de litigios resulta estratégico para cumplir acabadamente con sus fines estatutarios y, a partir de la experiencia ganada, propiciar la modificación de las políticas públicas que se puedan haber visto afectadas por el hecho pesquisado; en este caso, el manejo de los fondos públicos destinados a atender problemas de discapacidad”, agregó la presentación.
En el escrito se recordó que la denuncia del abogado Gregorio Dalbón que dio origen a la causa penal ” se dirige contra Javier Milei -Presidente de la Nación-, Karina Milei -Secretaria General de la Presidencia de la Nación-, Eduardo “Lule” Menem -funcionario de la Secretaría General-, Diego Spagnuolo -Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y Eduardo Kovalievker -dueño de la droguería Suizo Argentina”.
La imputación lanzada contra las personas anteriormente mencionadas en esa denuncia se centró fundamentalmente en dar a conocer ante las autoridades judiciales un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos con afectación directa a los fondos públicos; todo ello en el marco de la actividad de la Agencia Nacional de Discapacidad”, explicó Poder Ciudadano.
La investigación sigue bajo secreto de sumario mientras el fiscal federal Franco Picardi avanza en el análisis de contrataciones y documentación vinculado a establecer si hubo sobreprecios en la compra de medicamentos para discapacidad que pudieran encubrir eventual pago de sobornos por parte de laboratorios, usando como intermediaria a la droguería Suizo Argentina. (Noticias Argentinas)
