Punto de vista

El poder al revés

21/03/2016
P

or Gabriel Ramonet
Los fueguinos tenemos un problema de enfoque y de contexto. Asimilamos como si fuera propio lo que acontece en otras latitudes. Extrapolamos situaciones del norte y las hacemos nuestras sin el más mínimo tamiz. Vivimos aquí, la vida de otros.
La lucha de poder en el ámbito nacional, es entre corporaciones empresariales, representadas por una clase dirigente que cuida de sus intereses, que extiende sus brazos por rubros de la economía, la política y los medios de comunicación, y que tiene su base social en una aristocracia enriquecida y siempre dispuesta a llenar su copa de ganancias sin que derrame una gota en el resto de la sociedad.
En ese contexto, el Estado es (o debería ser) el más fuerte contrapeso para el afán devorador de este puñado de poderosos concentrados en una minoría rica, y que muestra como contracara una clase trabajadora distribuida en clases medias y bajas, que oscila entre tiempos mejores y peores, pero que siempre reniega para llegar a fin de mes.
En Tierra del Fuego, ocurre todo lo contrario. La principal corporación de poder es el Estado, fuente máxima de ingresos, principal empleadora y rectora de las políticas que vuelven a todos los demás actores sociales en intérpretes y víctimas de sus acciones u omisiones.
Sin grupos mediáticos poderosos, ni otros sectores que ni siquiera se le asemejen en importancia (incluyendo la industria electrónica que tiene más lazos con la Nación que con la isla) al revés que en el Norte, aquí, el Estado es el poder.
Pero cuidado, porque el Estado no son los gobiernos, sino sus feudos intocables y su representación sindical, única con capacidad de lobby (y de fuerza) para paralizar la totalidad de las actividades de la provincia por semanas enteradas, sin por ello sufrir ninguna consecuencia.
En ese contexto, el peor error de análisis que se puede cometer es asimilar a los empleadores estatales con la “clase trabajadora” del ámbito nacional.
No sólo por los beneficios laborales extraordinarios que han mantenido a lo largo de los años, o por el nivel de sus salarios y de sus jubilaciones, sino por su ya mencionada capacidad de intervenir, modificar y dirigir las políticas económicas provinciales.
Cuando los gremios estatales reclaman, no es la “clase trabajadora” haciendo valer sus derechos, es la corporación estatal manejando a su designio el rumbo y el futuro de Tierra del Fuego.
La diferencia es tan sencilla como fundamental. Mientras nuestra principal corporación de poder pugna por mantener sueldos o jubilaciones que multiplican varias veces a las del norte, y se niega a cambiar un régimen jubilatorio que los catapulta a la vida pasiva a los 40 o 45 años, los sectores más desprotegidos quedan relegados al papel de observadores impávidos, de meros espectadores relegados de la distribución de los recursos.
Sin embargo, desde el discurso, los que blanden el verdadero poder se disfrazan de desposeídos, y juegan a comportarse como si estuvieran llevando a cabo una pelea contra la hambruna, una guerra por el agua o una batalla contra la desnutrición infantil.
El “pueblo” se alza contra las medidas “de ajuste” de un gobierno que apenas hace pie para seguir administrando las riquezas de cada feudo estatal.
Pobreza hay en los servicios públicos, en los hospitales, en las escuelas, en la infraestructura básica.
Pobre y desposeída está la provincia, mientras su corporación mayor, lejos de pensar en cómo ayudarla, se lanza como un lobo feroz a quedarse con los últimos despojos de un territorio en ruinas.
La paradoja, entonces, resulta perfecta. La provincia más joven y rica del país, es también la más pobre, mientras sus habitantes más poderosos conservan su riqueza aun a costa de que se extinga el feudo que los contiene. Es decir, son capaces de comerse a sí mismos.
Y todo esto ocurre mientras marchamos enarbolando consignas, del tipo: el pueblo, unido, jamás será vencido.

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