ndrea Freites, diputada nacional por Unión por la Patria, se refirió a la agenda legislativa de la Cámara Baja y cuestionó con dureza los vetos presidenciales a leyes votadas por amplia mayoría “ningún presidente, sea del signo político que sea, puede abusar de los decretos como lo está haciendo Javier Milei”, afirmó en relación al DNU 70/2023, aún vigente. Freites explicó que en comisión se trabaja en la modificación de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia “El objetivo es limitar este abuso y garantizar la autonomía de los poderes”, indicó. También mencionó la interpelación solicitada contra Karina Milei y el ministro de Salud por denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, así como el avance de la comisión investigadora sobre el caso Libra.
Uno de los ejes más sensibles es la emergencia en discapacidad, cuyo veto fue rechazado por ambas cámaras pero que el Ejecutivo se negó a promulgar “El presidente promulgó la ley y luego dijo que no podía aplicarla por falta de financiamiento. Es una locura, un incumplimiento de deberes de funcionario público y una burla a las familias de personas con discapacidad que ya no pueden esperar más”, denunció.
Ante esta situación, el bloque de Unión por la Patria presentó un pedido de interpelación al jefe de gabinete, amparado en el artículo 101 de la Constitución. “Vamos a consensuar con otros bloques para que el Congreso ejerza la potestad que le corresponde y, si es necesario, avanzar en la remoción del cargo”, adelantó.
La diputada fueguina también criticó la política presupuestaria del Gobierno “dicen que no hay plata para discapacidad, educación o salud, pero al mismo tiempo bajan las retenciones al campo a cero. Es una tomada de pelo”, señaló. Recordó que el Ejecutivo no logró aprobar un presupuesto en su gestión anterior y que el enviado ahora implica un ajuste mayor en áreas clave como ciencia y tecnología, educación y transferencias a las provincias.
Respecto al tratamiento parlamentario, Freites expresó que la intención es lograr un presupuesto aprobado, ya sea mediante negociaciones con el Ejecutivo o con el texto presentado “Cada provincia ve reflejado el recorte en sus recursos. En el caso de Tierra del Fuego, el ajuste impacta en áreas esenciales, lo mismo que ocurre en todo el país”, sostuvo.
Finalmente, llamó a sostener el trabajo en comisiones y en el recinto “Lo que está en juego es la capacidad del Congreso de defender las decisiones votadas por la mayoría y garantizar derechos básicos frente a un Ejecutivo que se corre de sus responsabilidades”, concluyó.
