ajo Pazos, madre de un niño con discapacidad, describió la grave situación que atraviesan las familias ante la falta de actualización del nomenclador nacional de prestaciones. “Desde diciembre de 2023 no se actualizan los valores, y lo que reconocen hoy las obras sociales es insultante para quienes trabajan en rehabilitación y acompañamiento terapéutico”, señaló.
Explicó que en Ushuaia un acompañante terapéutico cobra alrededor de 800 mil pesos mensuales por diez horas semanales de atención, pero la obra social provincial cubre poco más de 300 mil “la diferencia, de casi medio millón, la tienen que poner las familias que pueden. El resto queda sin cobertura o los profesionales dejan de trabajar porque es inviable”, denunció. Los acompañantes no son cuidadores domiciliarios sino técnicos formados durante tres años, que además se capacitan de manera permanente. “Es un trabajo interdisciplinario que requiere inversión en formación, y el Estado les ofrece honorarios denigrantes”, criticó. Recordó que muchos hogares y talleres protegidos ya cerraron y que instituciones históricas, como el hogar Don Orione, están en riesgo.
A la crisis nacional, sumó los problemas locales, señaló que “no se puede poner como excusa que Nación no manda fondos, porque la provincia tiene otros ingresos. El sistema de reparto de alimentos se degradó: los módulos se redujeron a la mitad y ya no incluyen carne”. Relató que en la Escuela Cayu las familias recibieron la noticia de que “nos despedimos de las milanesas”, porque el menú con carne desapareció. “Los chicos comen guisos de arroz con verduras, y a veces pollo. Es degradante”, afirmó.
Pazos también alertó sobre el deterioro de la infraestructura escolar. En la Escuela Especial N°1 se produjo un principio de incendio en la caldera, que llegó a 800 grados porque no funcionaban los sensores de temperatura ni los detectores de monóxido “no explotó de casualidad. Si ocurría una hora antes, con todos los alumnos adentro y solo una puerta de emergencia habilitada, era un desastre”, advirtió. Aseguró que el hecho se agravó porque la escuela estaba en obra y las salidas de evacuación estaban obstruidas.
Además, planteó que los problemas de accesibilidad de Ushuaia requieren inversiones estructurales “para que la ciudad sea 100% accesible hay que adaptar barrios enteros construidos con escaleras. En algunos casos, ni la Casa de Gobierno tenía una rampa adecuada sin una gran obra. La accesibilidad no puede seguir siendo una deuda pendiente”, concluyó.
