shuaia será sede de una jornada que buscará colocar en agenda el papel de los ministerios públicos en la protección del ambiente. Jorge Barraguirre, procurador general de Santa Fe y presidente de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales, adelantó que el encuentro apunta a debatir cómo modernizar la actuación judicial frente a los conflictos ambientales. “El derecho ambiental no puede limitarse a sancionar; su esencia es preventiva y precautoria”, afirmó.
“Se trata de un derecho de nueva generación. No alcanza con actuar cuando los delitos ambientales ya ocurrieron; la esencia es preventiva y precautoria, porque busca evitar el daño antes de que suceda”, sostuvo el funcionario en diálogo con “Zoom a Diario”. En ese marco, resaltó que Ushuaia será sede de la primera jornada de capacitación organizada por la red.
Entre las propuestas que buscan impulsar se encuentran los llamados “términos de ajuste de conducta”, una herramienta inspirada en experiencias brasileñas, que consisten en acuerdos extrajudiciales entre fiscales y responsables de infracciones ambientales para garantizar la reparación del daño sin necesidad de un proceso judicial prolongado. “Es una modalidad similar a los procesos abreviados del derecho penal, pero aplicada al ámbito ambiental. El fiscal acuerda con el infractor las medidas de remediación y luego se somete a control institucional”, señaló.
En Brasil, estos acuerdos se supervisan de manera pública por consejos de fiscales que sesionan de forma abierta y transmitida, lo que garantiza transparencia y legitimidad. “Queremos iniciar el debate en Argentina. Para implementarlo será necesaria una base legislativa que otorgue mayores facultades a los ministerios públicos”, indicó Barraguirre, al remarcar que se trata de un mecanismo que permitiría dar respuestas más rápidas y efectivas frente a daños ambientales.
El procurador sostuvo que existen condiciones jurídicas para avanzar en esta dirección. “Contamos con normas sólidas, desde el Tratado de Escazú hasta la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre derechos ambientales. Lo que falta son dispositivos institucionales y recursos técnicos que nos permitan llevar la teoría a la práctica”, afirmó.
Entre esas carencias, mencionó la ausencia de laboratorios especializados en investigación ambiental. “Algunas provincias crearon laboratorios hace más de quince años, orientados a delitos comunes. Hoy deberíamos adaptarlos a las nuevas demandas ambientales, porque sin esa infraestructura es muy difícil dar respuestas eficaces”, advirtió. También remarcó que la justicia debe prepararse para conflictos colectivos que exceden los casos tradicionales. “Los jueces y fiscales tienen voluntad, pero sin herramientas modernas el margen de acción es limitado. Si no actualizamos la institucionalidad, el derecho ambiental seguirá siendo una declaración de buenas intenciones”, planteó.
Finalmente, destacó el valor de la jornada que se desarrollará en el Tribunal de Monte Gallinero. “Son espacios que fortalecen al sistema judicial y promueven un enfoque más moderno y democrático en la protección del ambiente. Agradezco que Ushuaia ponga el foco en estas problemáticas, porque son vitales para la comunidad y muchas veces quedan relegadas en la agenda pública”, concluyó.
