l legislador provincial Federico Sciurano presentó un proyecto de Ley que propone la creación de un Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público de carácter deportivo, cultural y social, con el objetivo de asegurar su sostenimiento económico, desarrollo y crecimiento en beneficio de la comunidad. La propuesta reconoce el rol central que cumplen estas instituciones en la promoción de derechos, la integración vecinal y la participación ciudadana.
La iniciativa se enmarca en la Ley Nacional 27.218, que creó el Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público, y en la adhesión provincial establecida mediante la Ley 1324. Sin embargo, Sciurano señaló que la falta de reglamentación de la ley provincial sancionada en septiembre de 2020 impide que el beneficio pueda aplicarse efectivamente en Tierra del Fuego. “Las asociaciones y clubes no pueden acceder a las tarifas especiales que prevé la ley nacional, lo que genera una situación injusta para organizaciones que sostienen actividades sociales, deportivas y culturales sin fines de lucro”, indica el legislador en su presentación.
El proyecto busca resolver este problema estableciendo con claridad a qué entidades alcanza el beneficio y cuál será el esquema tarifario aplicable.
Determina que podrán acceder las entidades Deportivas, Culturales o Sociales sin fines de lucro cuyo único y exclusivo objeto sea el desarrollo, sostenimiento, organización o representación del deporte, la cultura o el desarrollo Social, con domicilio social y desarrollo de sus actividades en el ámbito de la provincia y que cuenten con Certificado de Situación Regular ante la Inspección General de Justicia. Las entidades que cumplan esos requisitos abonarán el 50% de la facturación equivalente a la tarifa mínima que pagan los usuarios residenciales por los servicios de energía eléctrica y agua provistos por la Dirección General de Energía y la Dirección General de Obras y Servicios Sanitarios.
Quedan expresamente excluidas las entidades radicadas fuera de la provincia, las que se rijan por la Ley de Sociedades Comerciales o cualquier otra forma societaria con fines de lucro, así como aquellas que tengan menos de 12 meses de inscripción en el registro provincial.
En los casos en que las instituciones aún no posean el certificado definitivo de la IGJ o todavía no cuenten con la antigüedad requerida, abonarán temporalmente el 100% de la tarifa mínima residencial hasta cumplir con los requisitos faltantes.
Como lo preveía la ley que se busca derogar, el proyecto también prevé una contraprestación comunitaria. Las entidades que se adhieran deberán suscribir convenios de colaboración con los ministerios de Salud, Desarrollo Humano o Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, comprometiéndose a desarrollar acciones sociales, deportivas o culturales abiertas a la comunidad. Estos acuerdos deberán registrarse antes del otorgamiento del beneficio tarifario.
Establece que los prestadores de servicios públicos deberán garantizar a las entidades beneficiarias las mismas condiciones de calidad y continuidad que a los demás usuarios. La autoridad de aplicación, que será designada por el Poder Ejecutivo, tendrá la responsabilidad de implementar la norma, llevar un registro de las entidades adheridas, coordinar con los prestadores de servicios y dictar las disposiciones necesarias para su puesta en marcha.
La iniciativa también invita a los municipios de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande y a la empresa Camuzzi Gas del Sur a adherir al régimen, otorgando los mismos beneficios tarifarios y eximiendo a las entidades sin fines de lucro del pago de tasas e impuestos municipales. Además, faculta al Poder Ejecutivo a instrumentar mecanismos de gestión y compensación con los distintos organismos provinciales y nacionales que resulten necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.
Finalmente, el proyecto deroga la Ley Provincial 1324, que había adherido a la normativa nacional pero nunca llegó a aplicarse plenamente. “El espíritu de esta iniciativa es respaldar a quienes, sin fines de lucro, sostienen espacios deportivos, culturales y sociales que fortalecen la cohesión comunitaria, la inclusión y la calidad de vida de los fueguinos”, señala el autor de la iniciativa, que además destaca que “estas instituciones cumplen un rol esencial, y el Estado debe garantizarles condiciones justas para seguir desarrollando su tarea social”.
