a acusación del reclamo para obtener el pago irregular para el sostenimiento partidario de la Libertad Avanza en Tierra del Fuego llegó con nombres propios y montos explícitos. Además, todas las fuentes confirmadas ratificaron los dichos de quien expuso la situación y se responsabilizó por el contenido de los audios que circulan por diversos medios de comunicación.
Rolando Correa, actual asesor del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura fueguina, denunció públicamente que el diputado nacional Santiago Pauli le reclamó el pago del ítem “desarraigo” para financiar la estructura partidaria. Según su relato, el beneficio —destinado a cubrir gastos de quienes trabajan lejos de su residencia— ronda hoy los 500 mil pesos mensuales y habría sido exigido “en su totalidad”.
De acuerdo con los dichos de Correa, la trama se destapó a partir de una comunicación telefónica entre él y el diputado Santiago Pauli que, según el asesor libertario por configuración automática de su celular, quedó grabada en su teléfono móvil. Si bien fue una sola comunicación, se distribuyeron 7 audios que forman parte de la misma llamada.
A partir de allí, dice, el vínculo se quebró: “Fue una sola llamada; después, Pauli me bloqueó”. El contenido de los audios, según Correa, circuló entre medios locales y, ante eventuales objeciones, el asesor sostuvo que no hay edición ni manipulación: “Esto es tal cual salió, no es inteligencia artificial”, reconfirmó ante la consulta de la originalidad de la conversación con Pauli.
A la hora de reconstruir el historial laboral dentro de LLA, Correa contó que primero estuvo dos meses como asesor en la Cámara de Diputados y luego pasó a la Legislatura provincial, donde —afirma— fue designado para trabajar con el legislador Agustín Cotto “por orden de Pauli”. Según explicó Correa, habrían utilizado su categoría en la Cámara de Diputados para designar al ex juez de instrucción Daniel Cesari Hernández.
En ese contexto, asegura, comenzó el reclamo sistemático de la devolución al partido del importe correspondiente al desarraigo: primero como “aporte” y, más tarde, como una exigencia por el 100%. “Yo le dije que más de 200 mil pesos no podía pasar, porque no me alcanzaba para llegar a fin de mes”, explicó.
Seguidamente, explicó la ruta del dinero —siempre según la versión de Correa— se concretó por dos vías: transferencias desde su cuenta del Banco de Tierra del Fuego a un colaborador señalado como Martín Agüero, y entregas en efectivo “en dos oportunidades” al propio Pauli. “El desarraigo viene subiendo; una vez habrán sido 350 mil”, detalló, y añadió que el diputado le enviaba mensajes para recordarle que “no se olvide de transferir”.
Mientras tanto, el asesor liberatario afirmó que no era el único en esa situación. Aseguró que, al menos, “eran cuatro” las personas que aportaban regularmente, y que el recaudador tomaba contacto no solo con él sino con otros empleados del espacio político. Además, ubicó esos pedidos en un clima interno enrarecido por designaciones cruzadas y tensiones con dirigentes locales, entre ellos el delegado de Migraciones y cuñado de Pauli, Luis Miguel Rodríguez. “Se rompió la palabra; te mienten en la cara”, resumió, a la vez que pidió “disculpas” a quienes votaron al espacio tras la campaña que él mismo ayudó a motorizar. EDFM pudo corroborar que el último pago del ítem ¨desarraigo¨ transferido desde la Legislatura a los asesores autorizados para su cobro asciende a $ 561,219 pesos mensuales.
Más allá de las internas y miserias políticas, la denuncia apunta al corazón de una práctica que, de confirmarse, podría tener derivaciones judiciales. Correa dijo que evalúa presentaciones penales y que ya puso en conocimiento a referentes partidarios y abogados. “Alguien de oficio tiene que actuar, porque lo que hace Pauli es un delito”, sostuvo, y responsabilizó públicamente al diputado y a otros dirigentes por su seguridad y la de su familia.
Aun así, la situación administrativa de Correa no cambió por el momento, tal como confirmaron fuentes legislativas. Durante la entrevista radial en FM Ushuaia, aseguró que continúa designado como asesor del bloque integrado por los legisladores Agustín Coto y Natalia Gracianía. “Seguramente lo van a hacer después de esto, pero van a demostrar que no tienen palabra”, dijo.
Con la denuncia ya instalada en medios locales y nacionales, la ventilación del uso partidario de fondos que se le paga a la planta política en los cuerpos legislativos abre un sinfín de interrogantes sobre el uso del desarraigo fueguino. La difusión de la comunicación telefónica puso al desnudo la frágil frontera entre aportes voluntarios y exigencias partidarias, y el funcionamiento interno de La Libertad Avanza en la provincia.
En paralelo, deja planteado un dilema más amplio: si el financiamiento político puede apoyarse en beneficios salariales concebidos para cubrir gastos personales del trabajo legislativo. Beneficios con fondos estatales que, justamente, la Libertad Avanza cuestiona como uno de sus ejes de ética política e institucional.
Este medio intentó contactarse tanto con el diputado nacional Santiago Pauli como con el legislador Agustín Coto, pero no obtuvo respuestas por parte de los referentes libertarios fueguinos.
