a posibilidad de autorizar la actividad pesquera dentro de las Áreas Marinas Protegidas del Atlántico Sur volvió al centro del debate. En su última reunión, realizada el 6 de noviembre, el Consejo Federal Pesquero (CFP) trató una nota presentada por la empresa Argenova S.A., que insistió en la necesidad de implementar los planes de manejo de Namuncurá–Banco Burdwood y Yaganes, creadas en 2018 para preservar la biodiversidad y los ecosistemas profundos del mar austral.
La firma advirtió que la falta de definiciones normativas “afecta gravemente la pesquería de merluza negra”, al generar incertidumbre en la planificación y limitar el desarrollo sostenible del sector. Según Argenova, la ausencia de marcos regulatorios claros también termina beneficiando a flotas extranjeras que operan sobre los mismos recursos en zonas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva Argentina, en el área sur de las Islas Malvinas.
En su presentación, la empresa solicitó que se priorice la aprobación inmediata de los planes de manejo pendientes y que, en paralelo, se autorice excepcionalmente la operación del buque palangrero Argenova XIV, que utiliza un arte de pesca selectivo y de bajo impacto ambiental.
Además, propuso que la Autoridad de Aplicación convoque a una reunión con la Dirección de Parques Nacionales, organismo a cargo de la administración de las Áreas Marinas Protegidas, con el fin de avanzar en una definición conjunta que establezca un marco operativo claro y equilibrado entre la preservación ambiental y la continuidad productiva.
Las Áreas Marinas Protegidas Namuncurá–Banco Burdwood y Yaganes fueron creadas bajo la Ley 27.490, con el objetivo de proteger ecosistemas vulnerables del Atlántico Sur. Sin embargo, a cinco años de su establecimiento, los planes de manejo —instrumentos fundamentales para definir los usos permitidos y las restricciones dentro de cada zona— aún no fueron aprobados.
La falta de estos planes ha sido motivo de reclamo recurrente por parte de las empresas que explotan la merluza negra, especie que habita en aguas subantárticas y se captura con el sistema de palangre de fondo, considerado de bajo impacto ambiental. Mientras el sector privado pide avanzar en una regulación que permita operar bajo criterios de sustentabilidad, desde el ámbito ambiental sostienen que cualquier habilitación sin esos marcos podría poner en riesgo uno de los ecosistemas más frágiles y estratégicos del Atlántico Sur.
