sta vez, la onda expansiva llega hasta la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), donde la representante del Gobierno Nacional, Ornella Calvete, apareció en las últimas horas involucrada en la investigación del fiscal federal Franco Picardi, que reveló un sistema de coimas, lavado de dinero, direccionamiento de compras y vínculos con las más altas esferas del poder político libertario.
Calvete, que debió renunciar como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio, había sido durante meses una de las voces más hostiles hacia el subrégimen industrial fueguino dentro de la CAAE.
Su alineamiento con el proyecto económico del mileísmo se tradujo en intervenciones que, según fuentes industriales, “erosionaron deliberadamente” la política productiva de Tierra del Fuego. Hoy, la investigación judicial la coloca bajo un reflector aún más severo.
La causa —caratulada “Milei Javier y otros s/ defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles”— reconstruye un engranaje delictivo que operaba dentro y fuera de ANDIS y que involucraba a funcionarios, ex funcionarios, empresarios farmacéuticos y operadores sin cargo formal que actuaban como verdaderos comisarios políticos de la discapacidad.
En el centro del esquema aparece Diego Spagnuolo, otrora identificado como mejor amigo del Presidente y designado por Milei para dirigir ANDIS. Su voz, filtrada en audios adelantados, reveló una operatoria donde incluso se mencionaba un presunto “3% para Karina Milei”. La fiscalía confirmó chats, audios, movimientos de dinero y reuniones que sustentan la hipótesis de una asociación ilícita aceitada y jerarquizada.
Padre e hija en la mira
La investigación de Picardi reconstruye un rol central para Miguel Ángel Calvete, dirigente conocido del Instituto de Consumo Masivo, habitual operador entre ANDIS y laboratorios, y figura clave en la recaudación y distribución de coimas. Según la fiscalía, Calvete funcionaba como un “director paraestatal” de la agencia, coordinando pagos, direccionando compulsas y articulando con droguerías para mantener el circuito de sobreprecios.
En ese esquema aparece su hija, Ornella Calvete, cuyos vínculos con su padre y con empresarios del sector farmacéutico quedaron expuestos en intercambios de mensajes. Según consta en la causa: mantenía conversaciones sobre gestiones con prestadores del rubro ortopédico; celebraba posibles negocios mediante comentarios irónicos como “si sale bien te compro una lambo, una granja, lo que quieras”, y habría recibió la advertencia de su padre de que “con el 3% a KM está perfecto”.
El 9 de octubre, cuando la Justicia allanó su domicilio, se incautaron 700.000 dólares no justificados, y según la fiscalía, intentó construir una coartada señalando que el dinero provenía de “un préstamo”.
Según la investigación desarrollada por el fiscal Pucardi, a pesar de su rol en el Ministerio de Economía, Ornella Calvete mantuvo un hilo de comunicación permanente con su padre y con los actores del entramado farmacéutico investigado. Las conversaciones, muchas de ellas en tono coloquial, exhiben un grado de involucramiento que la ubica dentro del mapa que Picardi describe como una estructura jerárquica destinada a capturar fondos destinados a personas con discapacidad.
Su postura contra el régimen industrial fueguino sintetizaba la línea dura del Ejecutivo: desarticular mecanismos de promoción y reducción del entramado fabril. Industriales locales señalan que impulsó acciones que “perjudicaron de forma directa la estabilidad del ecosistema productivo insular”.
Hoy, el escándalo de ANDIS coloca en crisis la legitimidad política del Gobierno dentro de la mesa donde se discute el futuro económico de la provincia. La pregunta que hasta ayer sobrevolaba los despachos oficiales era inevitable: ¿cómo sostener la representación del Estado en un área estratégica cuando su titular figura en la megacausa de corrupción del propio gobierno?, incógnita que quedo develada a partir de que se conociera que finalmente la ahora ex funcionaria renunció al cargo gubernamental que como directora ocupaba en una secretaría del ministerio de Economía.
Vale mencionar que la provincia de Tierra del Fuego, desde hace meses advertía sobre su rol político dentro de la Comisión de Área Aduanera Especial.
La pregunta que ahora se impone: ¿Será este el punto de inflexión para un modelo de gestión que prometía terminar con la casta, pero que estaría reproduciendo sus peores prácticas?
La respuesta dependerá del rumbo definitivo que tome la causa que nació con los audios del exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo.
