l Gobierno expresó un rechazo categórico a la decisión del ilegítimo gobierno británico que ocupa las Islas Malvinas, tras el anuncio de la empresa israelí Navitas de avanzar con la explotación del yacimiento hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte. La autorización habilita un proyecto que prevé la extracción de unos 55.000 barriles diarios a partir de 2028. La iniciativa será ejecutada en conjunto por Navitas y la firma británica Rockhopper, a unos 200 kilómetros de Puerto Argentino.
Desde el Ejecutivo provincial cuestionaron la falta de una respuesta firme por parte del Gobierno nacional y reclamaron que la administración de Javier Milei adopte “las cartas más duras en el asunto”, incluyendo acciones diplomáticas, judiciales y administrativas ante organismos internacionales. Señalaron que la explotación de recursos naturales en un territorio ocupado constituye una violación directa de la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a las partes a abstenerse de realizar actos unilaterales que modifiquen la situación mientras la disputa no esté resuelta.
El proyecto aprobado contempla inversiones por 2.100 millones de dólares para la primera etapa del desarrollo y establece licencias de explotación que podrían extenderse por 35 años o más.
El secretario de Malvinas, Andrés Dachary, sostuvo que la medida británica afecta de manera irreversible los derechos soberanos argentinos y constituye una apropiación ilegítima de recursos que pertenecen a la Provincia y al país. Instó a la Cancillería a activar todos los foros multilaterales disponibles y enfatizó que la Argentina “no consiente ni reconocerá ninguna explotación hidrocarburífera en la plataforma continental bajo ocupación británica”.
Dachary afirmó además que cualquier acción contundente que adopte el Gobierno nacional contará con el respaldo del pueblo argentino, dado que la causa Malvinas trasciende gobiernos y partidos políticos, y constituye una política de Estado sostenida históricamente. Reafirmó el compromiso de la gestión Melella con la defensa de la soberanía, los recursos naturales y la integridad territorial, y reiteró su disposición para trabajar de manera coordinada con el Estado nacional frente a un escenario que consideran extremadamente delicado para los intereses del país.
