n primer lugar, el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego resolvió rechazar de manera unánime la presentación realizada por el abogado Jorge Alberto Pintos, mediante la cual solicitaba el inicio de un Jury de Enjuiciamiento contra el camarista Alejandro Fernández. La decisión fue adoptada durante la sesión del 16 de diciembre, conforme surge del Acta Nº 640.
Jorge Pintos había presentado el pedido de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura en el contexto de los debates que se sucedieron en torno a la participación del juez Fernández, cuando ofició de juez subrogante de la Sala Penal al resolver la apelación presentada por la defensa del camarista Andrés Leonelli.
Efectivamente, el organismo de selección y remoción de magistrados no encontró elementos suficientes en la presentación realizada por el abogado Pintos contra Fernández.
En ese marco, el planteo tramitó bajo el Expediente Nº 130/25 y fue evaluado de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 10 de la Ley Provincial Nº 525, que establece un análisis preliminar de las denuncias contra magistrados. Tras recibir el informe técnico elaborado por Secretaría, el cuerpo concluyó que la presentación resultaba infundada, motivo por el cual se dispuso su archivo.
Asimismo, el rechazo no registró votos en disidencia, lo que reforzó el criterio adoptado por el Consejo respecto de la falta de elementos suficientes para habilitar una instancia de enjuiciamiento político contra el juez de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, Alejandro Fernández.
No obstante, durante el tratamiento del expediente, el consejero Virgilio Juan Martínez de Sucre dejó constancia de una salvedad, al señalar que, a su entender, quedaba a criterio del Superior Tribunal de Justicia evaluar si los hechos denunciados podían eventualmente encuadrarse en otro tipo de análisis disciplinario. Esa observación, sin embargo, no alteró la decisión final del cuerpo.
Finalmente, el caso de Pintos se inscribió dentro de una serie de presentaciones particulares abordadas en la misma sesión, varias de las cuales también fueron rechazadas en la etapa preliminar, consolidando un criterio restrictivo del Consejo frente a denuncias que no cumplen con los requisitos legales mínimos para avanzar hacia un Jury de Enjuiciamiento.
