a nota remitida por el Defensor Público Oficial Federal, José Bongiovanni, a la Legislatura de Tierra del Fuego constituye un documento extenso, cuidadosamente argumentado y apoyado en una retórica de defensa de derechos fundamentales, ambientales y participativos. Sin embargo, más allá de la prolijidad formal, el escrito deja planteada una cuestión de fondo que no puede soslayarse: la intromisión de un funcionario federal en un debate de competencia netamente provincial y municipal, sin que se advierta una afectación concreta del orden federal que habilite tal intervención
El funcionario se presenta a sí mismo como “máxima autoridad federal local” en materia de promoción y protección de derechos humanos, invocando el artículo 120 de la Constitución Nacional y la ley 27.149 para justificar su pronunciamiento. Sin embargo, la ampliación del ejido urbano de Ushuaia es una decisión que corresponde al ámbito del planeamiento territorial, históricamente reservado a las autonomías provinciales y municipales. La nota no identifica con precisión qué derecho federal concreto se encontraría vulnerado ni por qué los mecanismos institucionales locales resultarían insuficientes para abordarlo.
A lo largo del texto se insiste en la necesidad de “mayor debate”, “participación ciudadana” y “legitimidad democrática” para decisiones que —según se afirma— trascienden generaciones. No obstante, ese estándar de exigencia parece aplicarse de manera selectiva. El Defensor cuestiona el momento político, la oportunidad y hasta la capacidad de gestión local para llevar adelante una ampliación del ejido urbano, señalando falencias históricas en la planificación de la ciudad, déficits de servicios básicos y antecedentes de urbanización precaria
Todo ello puede ser objeto de discusión legítima, pero nuevamente dentro de los carriles institucionales locales.
También se invocan argumentos ambientales de máxima jerarquía: la presencia de bosques, humedales, glaciares y cuencas hídricas protegidas por normas federales, así como la oposición expresada por ONG ambientalistas y colegios profesionales. Sin embargo, aun aceptando la relevancia de estos planteos, la propia nota reconoce que el poder de policía ambiental corresponde al Gobierno Provincial, lo que vuelve a dejar en evidencia la inconsistencia de una intervención federal que se arroga un rol preventivo sin competencia directa
La pregunta que surge es inevitable: ¿por qué esta vocación de intervención no se replica en otros asuntos donde la responsabilidad federal es indiscutible? El caso paradigmático es el estado de la Ruta Nacional N°3. Su deterioro crónico afecta la seguridad vial, la conectividad, el acceso a servicios básicos y el desarrollo económico de la provincia. Allí sí existe una competencia federal clara, y sin embargo no se conocen acciones judiciales, informes públicos ni advertencias institucionales emanadas desde la Defensoría Federal sobre esta situación.
Resulta llamativo que se reclame participación ciudadana y protección de derechos frente a un proyecto de ley provincial, mientras se guarda silencio frente a una infraestructura nacional abandonada que impacta diariamente en la vida de miles de fueguinos. Si el Defensor ha intervenido en este tema, corresponde que lo haga público. Y si no lo ha hecho, la omisión debilita seriamente la autoridad moral desde la cual se cuestionan decisiones ajenas.
La defensa de los derechos no puede ser selectiva ni oportunista. Cuando un funcionario federal elige involucrarse en debates locales sensibles, debería hacerlo con el mismo celo —o mayor— en aquellos asuntos que están inequívocamente bajo su órbita. De lo contrario, la intervención deja de ser una garantía institucional y pasa a percibirse como una injerencia política que erosiona el principio de autonomía y desvía el foco de los problemas que realmente esperan respuestas.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
