bservado a la distancia —esa que permite distinguir las tendencias de los episodios—, el funcionamiento de la Legislatura provincial y del Concejo Deliberante de Ushuaia durante 2025 deja una impresión inquietante: la dificultad de construir un proyecto político integral frente a las tensiones que impone el gobierno nacional.
Allí donde debería discutirse una idea de provincia y de ciudad, apenas intentan surgir proyectos para consolidar pequeños núcleos de poder, concebidos para satisfacer trayectorias individuales y vaciar de sentido un verdadero proyecto político provincial. Por esto mismo, la falta de un horizonte colectivo no es un efecto colateral: es el punto de partida.
Desde esa ausencia se organiza el resto del sistema. Porque cuando el poder deja de proyectar, se vuelve puramente táctico. Así, a lo largo del año se consolidó una forma de legislar empobrecida, frágil en argumentos y desconectada de cualquier planificación de mediano o largo plazo, y lejana de las expectativas y necesidades de la población fueguina. No se trata de errores ocasionales, sino de un método: legislar y deliberar sin pensar demasiado, decidir sin deliberar, avanzar sin construir acuerdos.
En ese contexto, lo primero que se degrada es el proceso de sanción de normas. No el intercambio formal de discursos, sino la deliberación como práctica democrática capaz de ordenar intereses, producir legitimidad y generar previsibilidad. Las decisiones ya no emergen de un debate público robusto, sino de una combinación de urgencias artificiales, presiones sectoriales y cálculos individuales. Pensar estratégicamente se vuelve una molestia, casi un obstáculo, para un sector de la política enfocado en administrar la coyuntura personalista.
Por ejemplo, el trámite de la modificación de la ley de salmonicultura funcionó como una advertencia temprana. Cambios abruptos de posición, mensajes ambiguos y contradicciones evidentes de legisladores expusieron la incapacidad de construir un consenso informado sobre una cuestión ambiental, productiva y social de enorme trascendencia para Tierra del Fuego. El resultado no fue una síntesis superadora, sino una norma cuestionada en su legitimidad, hija de un proceso desordenado y contradictorio. El mayor ejemplo de esta política dislocada fue la ruptura de varios bloques al momento de la votación.
La discusión en torno al Convenio entre YPF y el Gobierno de Tierra del Fuego profundizó ese patrón. Un acuerdo estratégico, con implicancias energéticas y económicas de largo alcance, avanzó entre medio de tensiones de origen individuales y no políticas, logrando consensos construidos sobre la hora y sin una deliberación acordada acorde a su relevancia. El individualismo, una vez más, mostró su incapacidad para integrar diferencias y ofrecer dirección frente al retiro de YPF de los yacimientos fueguinos. A tal punto que, el Sindicato de los trabajadores del Petróleo y Gas terminó pidiendo un consenso, casi a gritos, entre actores que no logran conformar una alternativa ante el avance del neoliberalismo.
Sin embargo, fue en el plano local donde esta lógica alcanzó su expresión más cruda. En la última sesión del año del Concejo Deliberante de Ushuaia, se impuso el sorprendente proyecto del Seguro de Sepelio Obligatorio mediante un procedimiento que condensa todos los déficits del sistema. La iniciativa fue incorporada sobre tablas, sin tratamiento previo en comisiones, corregida con extrema desprolijidad en pleno desarrollo de la sesión y aprobada sin estudios de impacto conocidos ni instancias comunitarias. A esto hay que sumarle que, dos concejales (Daiana Freiberguer y Vladimir Espeche) votaron la norma casi a libro cerrado y sin chistar, cuando venían de oponerse a casi todo en sesiones anteriores. ¿Alguien cree que hubo una tenue explicación, sobre todo cuando la concejal estaría emparentada, tal como se publicó en 2022 con una de las dos casas velatorias de Ushuaia?
De ser tan valioso el procedimiento sobre tablas utilizado, habría que pensar en eliminar las Comisiones del Concejo Deliberante y pasar a legislar con pleno apuro y a último momento. Pero, nadie se muestra orgulloso de degradar tanto el sistema de sanción de leyes y este tipo de normas siempre se terminan aprobando en la última sesión del año, dentro de un cono de sombra y confusión. Quizás, el flamante seguro obligatorio resulte una solución para los sectores más necesitados, pero su tratamiento express e improvisado no llegó ni a compartir las hipotéticas ventajas que tendrá la norma que entrará en vigencia en las próximas semanas.
Tan pobre fue el trámite, que el proceso no solo ignoró, sino que burló deliberadamente los mecanismos institucionales de doble lectura previstos en el Concejo Deliberante capitalino.
Aquí, la pobreza deliberativa dejó de ser una abstracción para convertirse en un hecho concreto. No hubo dictámenes, no hubo discusión profunda, no hubo tiempo para comprender el alcance de una norma que impone una obligación económica a la totalidad de los contribuyentes que pagan la Tasa General de Servicios Generales. Decidir reemplazó a pensar, y la urgencia fue utilizada como coartada para vaciar de contenido al órgano deliberativo. Además, en esta turbulencia, opositores rabiosos acompañaron al oficialismo sin justificación alguna.
La gravedad del episodio no reside únicamente en el contenido de la ordenanza, sino en el precedente institucional que establece. Cuando una norma de este alcance se aprueba de ese modo, el mensaje es claro: los procedimientos institucionales existen sólo mientras no estorben; casi como una formalidad vaciada de contenido. La deliberación se vuelve opcional, y la institucionalidad, una mera obligación prescindible.
Este fenómeno no es aislado, sino coherente con el funcionamiento general de los cuerpos legislativos durante 2025. La Legislatura provincial sesionó apenas seis veces en todo el año. A ello se sumaron horarios eternamente incumplidos, sesiones extensas y erráticas, y una notoria incapacidad para construir acuerdos duraderos. Los consensos fueron reemplazados por pactos efímeros, diseñados para atravesar una votación, no para sostener políticas públicas sostenidas en el tiempo.
En ese marco, la Legislatura y el Concejo Deliberante de Ushuaia dejaron de ser espacios de trabajo colectivo para convertirse en escenarios de competencia personal. El protagonismo individual oculto desplazó al interés general. La política se redujo a una lógica de posicionamiento permanente, donde cada actor busca maximizar su beneficio inmediato. Gobernar para los fueguinos se volvió secundario.
Aquí aparece el problema de fondo: la pobreza de los liderazgos políticos. No por falta de ambición, sino por ausencia de conducción. Las carencias para sintetizar un proyecto colectivo, y de integrar a los sectores para confrontar con un escenario de pérdidas de puestos de trabajo y de baja de recursos públicos.
Sucede que los híper personalismos de cara a las propias proyecciones no son una anomalía: son el sistema. Y en ese sistema, las políticas de Estado resultan inviables.
Este vacío de sentido es profundamente funcional al clima de anti política libertaria, al discurso del “sálvese quien pueda”, a la idea de que lo público es ineficiente y que la política es apenas un espacio de intereses personales.
Como sabemos, cuando la dirigencia renuncia a ofrecer un proyecto colectivo, la antipolítica no necesita imponerse: se instala sola.
Hemos aprendido —a veces demasiado tarde— que la calidad democrática no se mide por la cantidad de normas sancionadas, sino por la calidad de los procesos que las producen. Cuando la deliberación se debilita, cuando la ciudadanía queda al margen y cuando los procedimientos se convierten en obstáculos a sortear, la democracia se transforma en una arquitectura vacía.
Legislar rápido puede ser útil para administrar emergencias. Pero gobernar sin deliberar es una forma sofisticada de renuncia política. El verdadero problema no es qué leyes u ordenanzas se aprueban, sino cómo se aprueban, a quién benefician y a quién excluyen.
Porque en esa forma de decidir —apresurada, opaca y personalista— no se juega solo una norma. Se juega la posibilidad misma de que la política vuelva a ser un espacio de construcción colectiva y no apenas un mecanismo para administrar ambiciones propias.
Y cuando esa posibilidad se pierde, el poder político no desaparece: simplemente cambia de manos hacía quienes proponen todo lo contrario, y los electores terminan más castigando a los proyectos políticos vaciados de sentido, que optando por propuestas alternativas.
Las elecciones generales del 2027 no están demasiado lejos. Porque, en definitiva, lo que hoy falta en Tierra del Fuego no es una ley más ni una sesión mejor organizada, sino algo mucho más elemental y, a la vez, más difícil: un proyecto colectivo.
Sin una idea compartida de provincia, la política se reduce a una sucesión de maniobras individuales, y el poder deja de ser una herramienta para transformar la realidad para convertirse en un simple dispositivo de administración de intereses.
Allí donde no hay horizonte común para la sociedad fueguina, el futuro no se construye: se negocia, se fragmenta o se posterga. Y una comunidad política que renuncia a pensarse a sí misma, tarde o temprano, termina aceptando que ideas pragmáticas y deshumanizadas decidan por ella.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
