l abogado Alejandro Pagano Zavalía asumió como consejero de la Magistratura en representación de los abogados de Ushuaia con el compromiso de abrir la institución y mejorar la confianza pública. “Es una responsabilidad que abrazo, y pienso encararla con toda la energía. Mi compromiso está en informar y exponerme, porque nos debemos a la gente que nos eligió”, sostuvo.
Pagano Zavalía remarcó que la transparencia y la rendición de cuentas serán ejes de su gestión: “Mi compromiso está también en informar y en exponerme, porque los que ocupamos cargos electivos nos debemos a la gente que nos eligió y al conjunto de la sociedad”. Consideró que el Consejo de la Magistratura fue pionero a nivel nacional, pero advirtió que hay muchas cosas para mejorar, especialmente en la selección y remoción de jueces.
Entre las propuestas inmediatas, planteó avanzar en la calificación y la ponderación de los exámenes para jueces. “En una ciudad tan chica, donde todos nos conocemos, debería haber exámenes calificados y anónimos. El Consejo hoy no califica los exámenes: vos no sabés cómo te fue ni cómo le fue al que resultó electo. Así no se puede contrastar de manera objetiva el resultado”, sostuvo. Propuso que un jurado técnico tome y califique los exámenes, suprimiendo el sesgo personal y dando mayor legitimidad a los concursos: “Deberían ser calificados por un jurado externo y ser anónimos, para evitar cualquier prejuicio o favoritismo”, destacó.
El representante de los abogados también consideró necesario analizar mecanismos más profundos para la selección de magistrados del Superior Tribunal y revisar el proceso de remoción. “El jury se puede usar para buenos o malos fines, pero no podés tener a un juez sometido a un juicio político durante un año y medio sin que avance la denuncia”, indicó. Señaló que los plazos extensos afectan la independencia judicial y el derecho de defensa, y que se requieren mecanismos más ágiles y transparentes para estos procesos.
Pagano Zavalía señaló que la falta de denuncias de corrupción no implica necesariamente ausencia de irregularidades: “Lo único que se ve de supuesta corrupción aparece en los medios de comunicación, pero no hay nadie que actúe. La sociedad queda huérfana en ese sentido”, expresó. Agregó que la reforma constitucional prevista para el próximo año representa una oportunidad para actualizar la integración del Consejo y la participación ciudadana, e impulsar audiencias públicas con mayor acceso y visibilidad: “La gente quiere saber qué está sucediendo, y cuanto más transparencia haya, mejor para la institución”.
Anticipó que trabajará durante la feria judicial para estudiar la normativa vigente y proponer reformas. “Mi compromiso es analizar la ley, buscar los puntos débiles y plantear las reformas que podamos para mejorar el funcionamiento y asegurar un mejor servicio de administración de justicia”, concluyó.
