urante más de 120 años, la presencia argentina en la Antártida se sostuvo como una política de Estado ininterrumpida, atravesando gobiernos, crisis económicas y cambios de signo político. Sin embargo, la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025/2026 parece haber quebrado esa lógica histórica, exhibiendo un nivel de desorganización y fragilidad que no reconoce antecedentes recientes.
Lejos de explicarse por contingencias climáticas —habituales en cualquier operación polar—, el problema se manifiesta como una cadena de decisiones políticas que impactaron de lleno en la estructura científica y logística del programa antártico. Recortes presupuestarios, degradación institucional de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y reconfiguraciones administrativas sin planificación conforman el telón de fondo de una campaña que avanza, cuando lo hace, a los tumbos.
En ese contexto, los equipos científicos convocados comenzaron a recibir desde septiembre de 2025 notificaciones erráticas sobre sus traslados. Salidas anunciadas, suspendidas y reprogramadas en cuestión de horas se convirtieron en una constante. En algunos casos, los investigadores llegaron a concentrarse en aeropuertos militares para iniciar el viaje hacia el sur, sólo para recibir, ya en destino, la confirmación de que la operación quedaba cancelada.
Este tipo de decisiones, que en otras actividades podría implicar un simple cambio de agenda, en la Antártida tiene consecuencias mucho más profundas. Cada modificación altera una red compleja de vuelos, buques, ventanas climáticas y disponibilidad de bases. Cuando una fecha se pierde, el andamiaje logístico completo se desarma y, muchas veces, no vuelve a reconstruirse durante toda la temporada.
Como resultado, varios equipos científicos ya vieron reducido de manera drástica su tiempo efectivo de trabajo en campo. Campañas planificadas para 45 días podrían concretarse, si es que lo hacen, con apenas una fracción de ese período. Frente a esa realidad, algunos grupos comenzaron a evaluar la suspensión total de sus proyectos, una decisión extrema que impacta también en compromisos asumidos con organismos y redes científicas internacionales.
A este cuadro se suma un deterioro material alarmante. Según testimonios coincidentes, la indumentaria específica para campañas antárticas no se renueva desde 2018. En uno de los entornos más hostiles del planeta, investigadores y técnicas deben reutilizar ropa dañada, calzado inadecuado y equipamiento incompleto, una situación que expone no sólo precariedad presupuestaria, sino también riesgos concretos para la seguridad del personal.
El trasfondo de esta crisis no es nuevo. Durante 2024 y 2025, se acumularon señales de vaciamiento de la DNA: intentos de traspaso de bases estratégicas al Comando Conjunto Antártico, ausencia de una conducción formalmente designada, pérdida de patrimonio y, sobre todo, la decisión de no gestionar un presupuesto propio para el funcionamiento de las bases. Incluso el Congreso nacional fue advertido de esta situación, a través de proyectos que alertaron sobre la incertidumbre de la campaña y la falta de recursos logísticos.
Lejos de revertirse, esas advertencias hoy se materializan en la práctica cotidiana de la CAV 2025/2026. A ello se suma la creciente participación de actores privados en tareas sensibles, como ocurrió con la incorporación de uno de los principales grupos empresarios instalados en Tierra del Fuego en obras y operaciones en la base Petrel. Esta intervención, cuestionada por especialistas, abrió interrogantes sobre conflictos de interés, respeto al Tratado Antártico y capacidad operativa en un entorno extremo. De hecho, uno de los medios aéreos afectados sufrió un desperfecto que agravó aún más las limitaciones logísticas.
Para investigadores y analistas del sistema científico, la combinación de desfinanciamiento estatal, militarización de la gestión y apertura a intereses privados configura un riesgo directo para la soberanía científica argentina. La Antártida no es sólo un espacio geográfico remoto: es un eje central de la política exterior, la diplomacia ambiental y la proyección estratégica del país.
Así, lo que hoy ocurre con la Campaña Antártica de Verano no puede reducirse a una suma de demoras o fallas aisladas. Se trata de la expresión concreta de un modelo de gestión que relegó a la ciencia, debilitó a la autoridad de aplicación y subordinó una política de Estado a decisiones improvisadas.
Mientras tanto, los investigadores —protagonistas silenciosos de la presencia argentina en el continente blanco— siguen aguardando una salida que no llega. Con proyectos en suspenso y tiempos perdidos que no se recuperan, la certeza comienza a imponerse: sin un cambio de rumbo urgente, la campaña antártica corre el riesgo de transformarse en una formalidad vacía, incapaz de sostener una tradición científica y soberana que durante más de un siglo fue motivo de orgullo nacional.
