a madrugada de ayer no fue una más para la administración portuaria fueguina. A las 00.13, el Gobierno provincial fue notificado vía whatsapp de la resolución nacional que dispuso la intervención administrativa parcial del Puerto de Ushuaia, una medida de alto impacto institucional que se extiende por doce meses, con posibilidad de prórroga, y que recae sobre la infraestructura portuaria, equipamientos, instalaciones y operación técnica, aunque sin suspender de manera inmediata la actividad.
Sin embargo, lo llamativo del caso no es solo el contenido de la resolución, sino el momento y el contexto en el que se adopta. En primer lugar, la intervención se produce mientras aún se encontraba en trámite un expediente administrativo, en el que la Dirección Provincial de Puertos tenía plazo hasta el viernes 23 de enero para realizar presentaciones y descargos adicionales ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Es decir, la decisión se adoptó antes del vencimiento formal de los plazos administrativos, un dato que no pasó inadvertido en el ámbito político y jurídico provincial.
Además, la resolución no designa a un interventor individual, sino que establece como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPyN, con facultades amplias y con asistencia técnica de la Administración General de Puertos S.A.U., actualmente en proceso de liquidación. Este esquema refuerza la idea de una intervención funcional y operativa, más que personal, aunque con control directo del Estado nacional.
Según los considerandos oficiales, la medida se apoya en una serie de observaciones técnicas y administrativas surgidas de inspecciones realizadas entre septiembre y octubre de 2025. Entre ellas, se detallan presuntos deterioros estructurales en el muelle comercial, deficiencias en sistemas contra incendios, falencias en señalización, problemas de drenaje, bajo nivel de inversión en infraestructura —apenas el 1,3% del gasto devengado— y cuestionamientos al uso de fondos portuarios para fines ajenos a la actividad específica. Sin embargo, la disposición de recursos durante 12 meses para el sistema de previsión social fue votado por la Legislatura por unanimidad, incluso con la votación afirmativa de ambos legisladores del bloque de la Libertad Avanza.
No obstante, desde el ámbito provincial subrayan que durante la actual temporada no se registraron inconvenientes operativos con las embarcaciones, en particular con los cruceros turísticos, buques científicos y naves de abastecimiento antártico que utilizan regularmente el muelle de Ushuaia. De hecho, el propio texto de la resolución reconoce la importancia estratégica del puerto y decide diferir la suspensión de la habilitación justamente para no afectar la operatoria en plena temporada 2025–2026.
Por otro lado, según fuentes oficiales consultadas por EDFM la intervención federal del Puerto de Ushuaia expone una serie de irregularidades jurídicas y administrativas que ponen en cuestión tanto sus fundamentos como sus verdaderos objetivos.
Aunque el disparador formal fue el uso de fondos portuarios por parte de la provincia, el propio acto reconoce que, tras el descargo presentado, la autoridad nacional decidió avanzar recién entonces con una inspección técnica, lo que sugiere que la causa inicial no era suficiente para justificar una medida de tal magnitud. Incluso, autoridades porturarias explicaron que el rol de la Nación frente a los puertos provinciales deben avocarse al control de condiciones efectivas de operatividad del puerto, único terreno donde la Nación conserva poder de policía según la Ley 24.093.
Sin embargo, aun cuando la inspección detectó presuntos deterioros en infraestructura, falencias de mantenimiento y deficiencias en materia de seguridad y control ambiental, el acto administrativo transforma observaciones técnicas y proyecciones hipotéticas en una sanción extrema sin que medien intimaciones, sanciones o multas hacía las autoridades portuarias provinciales: directamente se dispuso la suspensión de la habilitación del puerto por doce meses.
La paradoja es evidente. La suspensión se dispone, pero se difiere su ejecución para evitar el impacto económico y logístico que implicaría el cierre del puerto en plena temporada de cruceros y en un enclave estratégico para la actividad antártica. En su lugar, se impone una intervención administrativa por el mismo plazo, lo que en los hechos reemplaza la sanción por una ocupación directa de la gestión, desnaturalizando el régimen sancionatorio previsto en la normativa vigente.
A esto se suma un escenario de incertidumbre para los trabajadores portuarios que tiene impedido el ingreso al muelle del Puerto de Ushuaia. Además, la resolución que dispone la intervención solo garantiza la continuidad funcional de parte del personal designado por la intervención, sin aclarar la situación laboral, salarial ni previsional del resto. De esta manera, tal como indicaron integrantes del cuerpo jurídico provincial la intervención federal se traduce en una medida desproporcionada, jurídicamente forzada y atravesada por objetivos que exceden la corrección de deficiencias operativas, reabriendo el debate sobre el alcance real de la autonomía provincial en la administración de sus puertos.
En paralelo, la intervención se inscribe en un clima político de alta sensibilidad, marcado por la tensión creciente entre el Gobierno nacional y el Estado provincial. En ese marco, no pasa desapercibido que la decisión se produce mientras avanza el debate —todavía informal pero persistente— sobre la posible construcción de una base naval en Ushuaia, que sería utilizada de manera conjunta con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Para Tierra del Fuego, ese proyecto toca fibras profundas vinculadas a la soberanía, el control del Atlántico Sur y la proyección antártica, ámbitos en los que el Puerto de Ushuaia cumple un rol central.
Cabe recordar que el conflicto administrativo que dio origen a la intervención se vincula, entre otros factores, con la Ley provincial de sostenibilidad de la OSEF, que estableció la transferencia excepcional de excedentes financieros del puerto para el sistema de salud. Esa norma fue aprobada por unanimidad en la Legislatura, con el voto afirmativo de todos los bloques, incluidos los legisladores libertarios Natalia Gracianía y el entonces legislador Agustín Coto, hoy senador nacional. Ese dato refuerza el carácter transversal de la decisión política provincial que ahora es cuestionada desde Nación.
Así, la intervención del Puerto de Ushuaia no puede leerse únicamente como un acto técnico o administrativo. Por el contrario, aparece atravesada por disputas de poder, modelos de gestión, intereses estratégicos y tensiones federales que exceden largamente el estado de un muelle o un balance contable.
En ese escenario, el desafío inmediato será garantizar la continuidad operativa, preservar el rol del puerto como principal puerta de entrada a la Antártida y evitar que una decisión adoptada en tiempo récord termine profundizando un conflicto institucional de consecuencias imprevisibles.
Porque en Tierra del Fuego, cuando se discute el puerto, también se discute soberanía, desarrollo y futuro.
