l Gobierno de Tierra del Fuego denunció una intervención intempestiva del Puerto de Ushuaia por parte de la Nación, tras recibir, pasada la medianoche, una notificación de suspensión de habilitación y asunción del control federal por un plazo de doce meses. La resolución fue comunicada a través de un mensaje de WhatsApp, lo que sorprendió a las autoridades provinciales, quienes aún contaban con plazo vigente para realizar presentaciones formales dentro del expediente.
El secretario Legal y Técnico de la provincia, Emiliano Fossato, explicó que la Dirección Provincial de Puertos venía cumpliendo con los requerimientos del expediente iniciado por la Administración General de Puertos. “La provincia había hecho presentaciones, incluso en tiempo y forma, y todavía estaba dentro del plazo para responder. Sin embargo, la medida se tomó de forma sorpresiva, sin agotar las instancias administrativas previstas”, aseguró.
Fossato subrayó que la intervención rompe con principios fundamentales del derecho administrativo, como el debido proceso, el derecho a defensa y la proporcionalidad de las sanciones. “Estamos hablando de una suspensión total de la habilitación por doce meses sin justificación clara ni oportunidad de ejercer defensa”, remarcó.
Otro punto que genera preocupación es la falta de designación de una autoridad visible. “Solicitamos el nombre de la persona responsable de coordinar esta intervención y no se nos dio una respuesta concreta. Esto genera más incertidumbre y desorden”, señaló.
Además, alertó que la medida implica una vulneración directa de la autonomía provincial. “La administración del puerto fue transferida a la provincia mediante convenios vigentes desde hace décadas. Lo que se está haciendo es desconocer esas competencias sin mediar conflicto jurídico ni evaluación técnica concluyente”, sostuvo Fossato.
Desde el punto de vista operativo, la medida también plantea interrogantes. “Se están utilizando recursos humanos provinciales, pero bajo directivas nacionales. ¿Quién se hace responsable de los sueldos, de los fondos, de los seguros? Hay un limbo jurídico que agrava aún más la situación”, afirmó. A esto se suma la falta de claridad sobre el destino de las tasas portuarias y su administración futura.
El funcionario explicó que la provincia ya se encuentra articulando respuestas legales. “Estamos analizando con el equipo jurídico si corresponde presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, debido a la gravedad institucional que representa este atropello”, confirmó. También aclaró que se han enviado notas formales a la Nación exigiendo explicaciones y revertir la medida.
Fossato fue contundente al señalar que esta acción representa un precedente peligroso para las relaciones entre Nación y provincias. “Hoy es el puerto. Mañana puede ser cualquier otra competencia que decidan quitar por decreto o resolución administrativa. Esto pone en juego no solo la institucionalidad, sino también el federalismo real que debe regir en nuestro país”, manifestó.
Desde el gobierno fueguino, aseguran que no se oponen a rendir cuentas ni a realizar correcciones si fueran necesarias, pero exigen que cualquier proceso se lleve adelante con transparencia, diálogo y respeto por la ley. “Lo que pedimos es lo básico: que se respeten los canales institucionales y que no se avance con medidas unilaterales que socavan derechos y funciones provinciales”, concluyó Fossato.
