iguel Rodríguez, diputado nacional de La Libertad Avanza, fue uno de los primeros dirigentes en salir a defender públicamente la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno Nacional. En una entrevista brindada al programa Zoom a Diario, el legislador explicó los fundamentos de la resolución y rechazó que la medida implique un ataque a la autonomía de Tierra del Fuego.
En ese sentido, Rodríguez sostuvo que la decisión adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) responde a presuntos desvíos de fondos del ente portuario hacia el Ejecutivo provincial. “Esto no tenemos que tomarlo como un ataque, sino como una consecuencia directa de la desigualdad y el desorden político del uso de los recursos”, afirmó, al tiempo que remarcó que la intervención se encuentra dentro de los márgenes que establece la normativa vigente.
Asimismo, el diputado explicó que la medida se tomó luego de reiterados pedidos de información que, según la versión nacional, no habrían sido respondidos. “Tras reiteradas solicitudes de informes y no habiendo ningún tipo de contestación, se avanzó con la intervención”, señaló. Sin embargo, desde el Gobierno fueguino sostienen que toda la documentación requerida fue enviada en tiempo y forma y niegan la existencia de irregularidades.
Por otro lado, uno de los ejes centrales del conflicto gira en torno al uso de fondos del puerto para financiar el sistema previsional provincial. Meses atrás, la Legislatura aprobó una ley que habilitaba al Ejecutivo a destinar hasta 4.000 millones de pesos del ente portuario a la caja jubilatoria, una norma que contó incluso con votos del espacio político de Rodríguez. Frente a este escenario, el diputado fue categórico: “La ley dice y es clara: no se pueden utilizar los recursos del puerto para financiar gastos corrientes”. No obstante, reconoció que su análisis se basa exclusivamente en el contenido de la resolución oficial.
A continuación, Rodríguez aclaró que la intervención tiene un carácter estrictamente administrativo y busca determinar si efectivamente existió un uso indebido de los recursos. “Si el Gobierno considera que eso va en contra del federalismo, está bien que recurra a la justicia”, expresó. Además, calificó a la resolución como ambigua, ya que declara que no están dadas las condiciones normales de funcionamiento, pero habilita la continuidad de las actividades bajo control nacional.
En cuanto a la administración de los fondos, el legislador indicó que será la ANPyN la encargada de gestionarlos durante el período de intervención y cuestionó la falta de inversión histórica en el puerto. “Sigue funcionando de una forma que no corresponde por falta de inversión. El 1,3% se destinó a obras”, afirmó. Sin embargo, ante la consulta sobre posibles inversiones nacionales durante el año de intervención, evitó dar precisiones y solo mencionó que el plazo inicial es de 12 meses, con posibilidad de prórroga.
Mientras tanto, diversas voces de la política y la sociedad fueguina manifestaron su preocupación por el precedente institucional que podría sentar esta decisión. Se cuestiona que el Gobierno Nacional haya avanzado sin agotar instancias locales como la Legislatura o el Tribunal de Cuentas. Al respecto, Rodríguez se mostró cauto y deslizó que “está en proceso algún tipo de comunicación por parte del ente”, aunque aclaró que no forma parte de la conducción de la ANPyN.
Finalmente, el diputado reiteró que el eje de la intervención son los presuntos desvíos de fondos y defendió el rol del Estado Nacional en la administración portuaria. “Hay una delegación sobre la administración, y eso corresponde al Gobierno Nacional”, concluyó. Con la provincia anticipando una presentación judicial y el debate trasladándose también al Congreso, el conflicto por el Puerto de Ushuaia suma capítulos y mantiene en tensión la relación entre Nación y Tierra del Fuego.
