a Municipalidad de Ushuaia salió a cuestionar la decisión del Gobierno Provincial de aumentar el porcentaje de la recaudación de Ingresos Brutos que nutre al Fondo de Prestaciones Prioritarias, ya que, según se advirtió, afectará de manera directa el funcionamiento de servicios municipales y la planificación de la temporada invernal. El secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, expresó su “profunda preocupación” por el incremento del porcentaje del Impuesto sobre los Ingresos Brutos destinado al Fondo de Prestaciones Prioritarias (FPP), una medida que se aplica antes de la distribución secundaria a los municipios y que, en la práctica, reduce la masa de recursos a coparticipar a las administraciones locales.
La resolución fue tomada por el Ministerio de Economía de la provincia, que dispuso un aumento del 25 por ciento en la alícuota destinada al FPP. Con ese ajuste, el porcentaje afectado pasó del 7 al 8,75 por ciento del total recaudado por Ingresos Brutos, previo a la distribución a los municipios. El Fondo se destina prioritariamente al sostenimiento del subsidio provincial al consumo residencial de gas envasado y a granel.
De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, el programa alcanza a unos 6.000 fueguinos, de los cuales alrededor de 3.800 residen en Ushuaia, y su financiamiento demandar una inversión estimada en los 40 mil millones de pesos.
“Estamos trabajando en cuantificar el impacto de estas decisiones, pero más allá de los números, se trata de una medida inconsulta que afecta a todos los vecinos de Ushuaia”, afirmó Iriarte. En esa línea, advirtió que el recorte de recursos golpea áreas sensibles como el pavimento urbano, la prestación cotidiana de servicios municipales y el operativo invierno, uno de los dispositivos más costosos para la ciudad por el mantenimiento de calles, la logística de maquinaria, los insumos y la seguridad vial en condiciones climáticas adversas.
El funcionario también puso el foco en el frente salarial y sostuvo que la medida provincial agrega incertidumbre en la negociación paritaria que mantiene el Municipio con los gremios. “Estas decisiones ponen en riesgo los aumentos salariales que estamos discutiendo con los trabajadores municipales, en un contexto económico muy complejo”, señaló, y remarcó que el impacto no es sólo administrativo sino también social, por la incidencia que tienen los salarios municipales en la economía local.
Iriarte planteó además que el Municipio viene llevando adelante un proceso de reordenamiento interno, achicamiento de estructura y eficientización del gasto, por lo que consideró que la medida provincial representa “un golpe muy fuerte” para la gestión local. “Nos hablan de administrar los recursos provinciales de manera responsable, pero lo que vemos es que se castiga a los vecinos de Ushuaia. Es necesario que comiencen a administrar los recursos provinciales con responsabilidad, sin seguir perjudicando a nuestra comunidad”, sostuvo.
En tono político, el secretario de Gobierno cuestionó que los municipios queden “en el medio” de disputas ajenas. “Es una irresponsabilidad que Ushuaia quede atrapada en la pelea del gobernador con el presidente y además termine pagando las consecuencias del ajuste nacional. Milei ajusta a los gobernadores, los gobernadores ajustan a los municipios, y los municipios terminamos pagando conflictos que no generamos”, expresó.
El Fondo de Prestaciones Prioritarias fue creado en la Ley de Presupuesto provincial 2014 para sostener el subsidio estatal al precio del gas envasado residencial. En su origen, se afectó a ese fin un 0,80 por ciento de la recaudación de Ingresos Brutos antes de la distribución secundaria, y se facultó al Ministerio de Economía a aumentar o disminuir el porcentaje de conformación del Fondo en hasta un 25 por ciento. En 2023, el monto afectado se elevó al 7 por ciento, manteniéndose vigente la facultad de ajuste ante variaciones en el precio del GLP.
Para Iriarte, la medida actual “deja indefensos a los vecinos, con menos servicios y menos capacidad de respuesta del Estado municipal”, y también impacta de lleno en los trabajadores municipales en el debate por “una pauta salarial justa”.
