ay silencios que son prudencia y hay silencios que son complicidad. El que hoy rodea a los ex gobernadores de Tierra del Fuego frente a la intervención irregular del puerto de Ushuaia por parte del gobierno nacional no admite interpretaciones benignas: es un silencio político grave, funcional al atropello institucional y corrosivo para la autonomía provincial.
José Estabillo, Carlos Manfredotti, Jorge Colazo, Fabiana Ríos y Rosana Bertone gobernaron Tierra del Fuego en contextos políticos, económicos e ideológicos muy distintos. Discreparon entre sí, se enfrentaron electoralmente y dejaron legados diversos, algunos más defendibles que otros. Pero todos compartieron una responsabilidad histórica común: conducir una provincia joven, estratégica y particularmente sensible en términos de soberanía, federalismo y control de recursos. Precisamente por eso, su mutismo frente a la avanzada del gobierno libertario de Javier Milei resulta tan elocuente como inadmisible.
La intervención del puerto de Ushuaia no es un hecho administrativo menor ni una discusión técnica entre jurisdicciones. Es una decisión política de fondo, tomada de manera centralista, sin respeto por los marcos legales vigentes, sin diálogo institucional real y con un desprecio explícito por la autonomía provincial consagrada en la Constitución Nacional. El puerto no es solo infraestructura: es comercio, empleo, proyección antártica, logística estratégica y soberanía efectiva. Intervenirlo desde Buenos Aires, ignorando al gobierno fueguino y a sus instituciones, es un acto de fuerza que vulnera el federalismo en su núcleo más elemental.
Frente a este escenario, el silencio de quienes ocuparon la máxima magistratura provincial no puede explicarse por desconocimiento. Tampoco por irrelevancia. Menos aún por neutralidad. Todos ellos saben —porque lo ejercieron— que la defensa de la autonomía provincial no es una consigna partidaria sino una obligación institucional. Callar, en este contexto, equivale a abdicar de esa responsabilidad.
Resulta particularmente llamativo que quienes durante años invocaron el federalismo como bandera, hoy opten por replegarse en una prudencia selectiva. No se trata aquí de respaldar o cuestionar a un gobernador en funciones, ni de alinearse con un partido político determinado. Se trata de algo más elemental: marcar un límite cuando el poder central avanza sobre competencias provinciales de manera arbitraria. Ese límite no apareció. Nadie levantó la voz. Nadie firmó una declaración. Nadie exigió explicaciones públicas. Nadie, siquiera, expresó una preocupación institucional mínima.
La pregunta, entonces, es inevitable y no admite eufemismos: ¿este mutismo responde a cobardía política, al desinterés real por el principio federal que otrora dijeron defender o a la forma más degradada de la especulación, esa miserabilidad política que elige el silencio como refugio para no incomodar al poder de turno? Cualquiera de las tres opciones es igualmente grave. Porque en todos los casos hay una renuncia explícita a la responsabilidad institucional y una aceptación tácita del atropello. No hablar, en este contexto, no es prudencia: es cálculo. Y el cálculo, cuando se ejerce frente a la vulneración del federalismo, se convierte en complicidad.
El gobierno de Milei ha sido explícito en su desprecio por el federalismo real. Lo ha demostrado con recortes discrecionales, con la asfixia financiera a las provincias, con la concentración de decisiones estratégicas y con una narrativa que reduce a los gobiernos subnacionales a meros administradores subordinados. La intervención del puerto de Ushuaia encaja perfectamente en esa lógica: recentralizar poder, vaciar capacidades locales y disciplinar políticamente a las provincias. Frente a eso, el silencio de los ex gobernadores fueguinos no es solo una omisión; es una contribución pasiva al proceso de recentralización.
La ausencia de voces con autoridad histórica debilita cualquier intento de resistencia institucional y naturaliza la idea de que la autonomía provincial es negociable o prescindible.
Ninguno de estos ex mandatarios puede alegar coherencia ideológica para justificar su silencio. Algunos se definieron como defensores del Estado, otros como promotores del desarrollo local, otros como garantes de la institucionalidad. Todos, sin excepción, gobernaron bajo el paraguas de un federalismo que hoy está siendo erosionado. Si ese federalismo solo valía mientras se ejercía el poder, entonces nunca fue una convicción, sino un recurso retórico.
La historia política no se escribe solo con decisiones tomadas, sino también con las omisiones elegidas. Y esta omisión, colectiva y persistente, será difícil de justificar con el paso del tiempo. Porque cuando el poder central avanza sin resistencia, no lo hace por fortaleza propia, sino por la debilidad —o conveniencia— de quienes deberían marcar límites.
Tierra del Fuego no es una provincia más. Su ubicación, su rol estratégico y su historia reciente le imponen a su dirigencia, presente y pasada, una responsabilidad adicional. Callar frente al avasallamiento de su autonomía no es una opción neutra. Es tomar partido. Y en este caso, el partido elegido es el de la resignación institucional.
El silencio de Estabillo, Manfredotti, Colazo, Ríos y Bertone no es solo personal. Es político. Y como todo silencio político en momentos críticos, termina hablando más fuerte que cualquier discurso.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
