l gobierno de Tierra del Fuego solicitó a la justicia federal la nulidad de la resolución nacional que dispuso la intervención del puerto de Ushuaia. La acción fue presentada ante el juzgado a cargo del doctor Federico Calvete e incluye una medida cautelar para suspender los efectos del acto. “Solicitamos la declaración de inconstitucionalidad de la resolución que fue notificada y emitida el 20 de enero por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación”, explicó el Secretario legal y técnico del Gobierno provincial, Emiliano Fossatto.
La provincia alega que la intervención “viola el régimen federal, la autonomía provincial y las competencias que no son delegadas”. Por eso reclamó el “pleno y exclusivo ejercicio del dominio, la administración y la explotación económica del puerto” a cargo de la Dirección Provincial de Puertos.
Fossatto detalló que recurrieron al fuero federal porque tenemos un acto administrativo que emite un órgano descentralizado que depende del Ministerio de Economía. A la vez, aclaró que la titularidad de los bienes es de la provincia, pero el carácter del ente interviniente habilita la competencia federal.
La acción judicial se presentó durante la feria judicial, con habilitación especial. El expediente quedó a despacho y se espera una respuesta en los próximos días. “Entendemos que están dados o acreditados los aspectos necesarios para que se pueda atender en primera instancia la medida cautelar”, señaló. La urgencia responde al peligro en la ‘demora de la continuidad de esta acción’ y al interés público comprometido.
El funcionario también recordó que el convenio de transferencia del puerto, firmado en 1992, prevé un mecanismo institucional para resolver disputas: “Ese convenio establece un método de resolución de conflictos. Si tenemos una diferencia o una interpretación dispar entre la agencia y la provincia, podríamos ir por el carril de ese mecanismo”, sostuvo, en referencia a la conformación de un tribunal arbitral con representantes de la Nación, la provincia y la Corte Suprema.
Según Fossatto, la intervención nacional interrumpió un proceso administrativo que estaba en curso. “Emitieron el acto cuando todavía teníamos plazo para hacer descargos. Necesitamos que se vuelva al punto cero y sigamos discutiendo administrativamente”, reclamó. Además, señaló que no hubo explicaciones claras desde Nación: “No sabemos qué venís a hacer y qué estás haciendo, más que notificar que se genera una cuenta”.
Uno de los puntos más sensibles es el manejo de los fondos que genera la actividad portuaria. “Hay una asunción ilegítima de la administración financiera del puerto”, advirtió. Y agregó: “No tenemos conocimiento ni tampoco capacidad de control sobre eso”. Para la provincia, esto representa una violación directa al sistema presupuestario y al acuerdo firmado entre ambas jurisdicciones.
En caso de que la justicia no haga lugar a la medida cautelar, adelantó que se activarán otras vías: “No vamos a dormir en el sentido de lo que es una medida cautelar, que entendemos que es necesaria”. También planteó que si existe una diferencia real sobre el uso de los recursos, corresponde aplicar los mecanismos pactados: “Si te digo A y me decís B y no vamos a llegar a ningún punto en común, apliquemos el tribunal arbitral”.
Sobre el personal afectado por la intervención, Fossatto explicó que muchos agentes provinciales fueron licenciados y pasaron a cumplir funciones bajo órdenes de la agencia nacional. “Hoy están al servicio de la Agencia Nacional”, señaló. En caso de una sentencia favorable a la provincia, advirtió que “estarían alcanzados por los generales de la ley también”.
Indicó que la Fiscalía de Estado fue puesta en conocimiento formal de la presentación y no descartó que el conflicto llegue a la Corte Suprema. “Estarían dados todos los supuestos para considerar que esta acción es inconstitucional. Hay un avasallamiento de la autonomía provincial y una afectación al régimen federal”.
