l Gobierno de Tierra del Fuego volvió a marcar posición frente a la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por la Nación y al reciente dictamen emitido por la Unidad Fiscal Ushuaia. Lejos de considerar ese pronunciamiento como un cierre del conflicto, el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Emiliano Fossatto, subrayó que la causa judicial se encuentra en pleno desarrollo y que no existe, hasta el momento, ninguna resolución sobre el fondo de la cuestión ni sobre la medida cautelar solicitada.
“El dictamen fiscal es una actuación procesal más dentro del expediente. No tiene carácter decisorio ni implica un pronunciamiento jurisdiccional”, explicó Fossatto, al tiempo que remarcó que el núcleo del planteo provincial sigue intacto: la inconstitucionalidad de la intervención y la afectación directa a la autonomía fueguina. Según indicó, ese punto central aún no fue analizado ni resuelto por el juez interviniente.
En ese marco, el funcionario precisó que la discusión actual está concentrada en una cuestión previa y determinante: la competencia del tribunal. “Antes de cualquier definición sobre la cautelar o sobre el fondo del asunto, debe resolverse quién es el juez competente para entender en la causa”, señaló. Recién una vez despejado ese aspecto, el magistrado podrá pronunciarse sobre la legalidad de la intervención y sobre la eventual suspensión de sus efectos.
Fossatto también detalló que la Unidad Fiscal dispuso dar intervención al Fiscal de Estado de la Provincia, para que se expida específicamente sobre dos ejes: la competencia judicial y las facultades del Gobernador para accionar en este proceso. Esa presentación deberá realizarse dentro de los plazos fijados por el juzgado y conforme a lo ordenado en el proveído judicial.
Desde la mirada del Ejecutivo provincial, el dictamen fiscal no solo no clausura el debate, sino que confirma que el conflicto se encamina a una discusión de fondo en sede judicial. “Aquí el tema central es la inconstitucionalidad de la intervención. Eso es lo que se va a debatir y resolver en los tribunales”, insistió el secretario Legal, dejando en claro que la Provincia no dará marcha atrás en su estrategia judicial.
En esa línea, Fossatto afirmó que el Gobierno fueguino agotará todas las instancias disponibles para defender lo que considera una “posición irrenunciable”: la preservación de los recursos provinciales y el respeto al régimen federal. La administración provincial sostiene que la medida adoptada por el Gobierno nacional avanza sobre competencias propias de la Provincia y vulnera principios básicos de la autonomía consagrada en la Constitución.
El conflicto, además, trascendió el plano estrictamente jurídico y adquirió una fuerte dimensión política y social. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la postura oficial cuenta con un amplio respaldo, evidenciado en la masiva movilización realizada frente al Puerto de Ushuaia, donde distintos sectores expresaron su rechazo a la intervención y su apoyo a la defensa de la gestión provincial.
“Este proceso recién comienza. La causa sigue su curso y se va a resolver donde corresponde, que es en el ámbito judicial”, concluyó Fossatto. Mientras tanto, el Gobierno de Tierra del Fuego ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales a su alcance para revertir la intervención y sostener el control provincial sobre un área que considera estratégica para el desarrollo económico y la soberanía de la Provincia.
