a intervención federal del puerto de Ushuaia continúa generando rechazo en el ámbito sindical y sumó nuevas críticas desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En el marco de una manifestación realizada frente a la terminal portuaria, referentes gremiales advirtieron que la medida no responde a cuestiones laborales ni administrativas, sino a una decisión de carácter político con consecuencias directas sobre los trabajadores y la institucionalidad de Tierra del Fuego.
Carlos Córdoba, secretario general provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sostuvo que el gremio mantiene una postura firme desde el inicio del conflicto y aseguró que el rechazo se sostendrá en el tiempo. En ese sentido, afirmó que “nosotros estamos desde el principio y vamos a seguir hasta el final, porque creemos que esta intervención es pura y exclusivamente política y que no tiene nada que ver con los trabajadores”, al remarcar que el personal portuario debe continuar cumpliendo funciones en su ámbito natural de trabajo.
El referente sindical trazó un paralelismo entre la intervención y un contexto más amplio de decisiones del Gobierno nacional que, según advirtió, afectan derechos básicos. En ese marco, expresó que “estos tipos que hoy están en el poder se creen que pueden hacer y deshacer, violar derechos, meterse en tu casa y decidir sobre el futuro de tus hijos y de tus nietos”, y alertó sobre un escenario que consideró regresivo para la democracia argentina.
Córdoba también hizo referencia a la necesidad de una respuesta más activa por parte del Poder Judicial y de los profesionales del derecho. Al respecto, sostuvo que “acá tienen que intervenir los jueces y los abogados que se comieron los libros, pero intervenir en defensa de los pobres y de los trabajadores”, y señaló que el conflicto excede una disputa sectorial para convertirse en una discusión sobre el modelo de país.
En relación con las acciones que analiza el gremio, confirmó que ATE se encuentra evaluando presentaciones judiciales vinculadas a presuntas violaciones a los derechos laborales y a la discriminación sindical. Según explicó, “estamos preparando reuniones con nuestros abogados y con otros estudios jurídicos para ver hacia dónde avanzar, porque el tiempo nos está apretando y necesitamos respuestas rápidas”, al tiempo que remarcó que el objetivo es frenar el avance de la intervención sobre los trabajadores.
El dirigente también advirtió que el conflicto del puerto podría sentar un precedente para futuras medidas similares en otros organismos. En ese sentido, manifestó que “si esto pasa en Ushuaia y no hay reacción, mañana pueden intervenir otras dependencias, no solo en Tierra del Fuego sino en otras provincias”, y llamó a construir una respuesta colectiva desde el sur del país.
Córdoba puso además el foco en el rol histórico del puerto para el desarrollo de la provincia y cuestionó la falta de acompañamiento de sectores empresariales y políticos. Al respecto, recordó que “todo lo que hoy es Ushuaia entró por el puerto, desde los víveres hasta la mercadería, y hoy el puerto brilla por la cantidad de barcos y cruceros que llegan”, y consideró que cámaras de comercio, turismo y dirigentes provinciales deberían involucrarse activamente en la defensa de la terminal.
Finalmente, el dirigente sindical reclamó una presencia más visible del Gobierno provincial y de la dirigencia política en el conflicto. “Los políticos tienen que bajar a la fuente, dejar de hacer política y demostrar que están con el pueblo y con los trabajadores”, sostuvo.
